López Casal regaló un piso y dinero al regidor de Arroyo, también condenado
23 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El modelo de desarrollo urbanístico del grupo compostelano Mahía en municipios aledaños a grandes ciudades, que está bajo sospecha de corrupción en Galicia, recibió en Valladolid el primer gran golpe de los tribunales. La Audiencia de esa provincia hizo pública ayer la sentencia que condena al presidente de la inmobiliaria, Ramón López Casal, a tres años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 132.000 euros por comprar al alcalde de Arroyo de la Encomienda para que favoreciera sus negocios en ese municipio vecino del capitalino.
El regidor, el gallego José Manuel Méndez Freijo, ha sido condenado a otros tres años de prisión, al pago de igual multa y a 16 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por los delitos de prevaricación y cohecho. La Audiencia responsabiliza a Méndez de los acuerdos municipales del 2005 que, entre otras ventajas urbanísticas, incrementaron en beneficio de Mahía la edificabilidad del SAU (suelo apto para urbanizar) número 13 de Arroyo. Estas resoluciones suponen «una patente, relevante y clamorosa vulneración de la legalidad urbanística» y el alcalde las dictó «a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia para favorecer los intereses de Mahía, de la cual había recibido gratuitamente en julio de 2004 una vivienda en Vilagarcía de Arousa». La sentencia ordena el decomiso del inmueble, sito en la avenida Rosalía de Castro.
Las consecuencias legales para López Casal y Méndez Freijo podrían haber sido peores si la Audiencia no hubiera considerado prescrito otro delito de cohecho: en el 2001, López Casal regaló a Méndez, en esa época teniente de alcalde, 30 millones de pesetas para corromperlo. Como mediador intervino José Presas Zobra, socio de Mahía. Los tres han sido absueltos de este delito.
También por prescripción ha sido absuelto Jesús García Galván, quien días antes del juicio dimitió como concejal de Valladolid y portavoz del PP en la Diputación. Galván presidía la comisión territorial de urbanismo que en el 2002 aprobó la modificación puntual de las normas del SAU-13 de Arroyo. La Audiencia cree que no incurrió en prevaricación y lo absuelve del delito de cohecho porque ha prescrito, pese a declarar probado que Mahía le regaló en el 2004 un chalé en Mugardos.
La sentencia condena a Buenaventura Conde, exarquitecto municipal de Arroyo, a siete años de inhabilitación; y absuelve a la apoderada de Mahía en Valladolid, Iluminada Miguel.