La oposición carga contra una sentencia «tardía», «inxusta», «escandalosa» y «política»
14 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Once años después, el pecio del Prestige sale a flote en el mar de la política gallega y en el océano de la española, ambos picados. No hubo ayer entre los partidos quien aplaudiese el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña. Excepto el PP, que, prietas las filas, empleó sus 263 folios para envolver en celofán la errática gestión de aquel desastre. En su valoración de la sentencia, las demás fuerzas se debatieron entre la contención de quien se debe a lo institucional y la crítica feroz hacia un texto que, si fuera mujer bella pasando frente al andamio, ni siquiera un piropo suscitaría; lo más, un silbido. Incomprensible, tardío, injusto, escandaloso... No escatimó en adjetivos la oposición.
En Galicia, los populares descargaron en su portavoz, Paula Prado, el juicio al asunto. Reacción de manual la suya, corta y estudiada. En apenas 53 segundos, pronunció hasta cinco veces la palabra accidente, que es a lo que los conservadores reducen la tragedia del 13-N. «A sentenza -sostuvo- pon de manifesto que a xestión da Administración, a do Goberno, foi correcta e axeitada. Tamén pon de relevo a manipulación que determinados sectores políticos e algúns fixeron».
Desde Madrid, su colega de militancia y ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no le fue muy a la zaga, al querer apreciar en el desenlace del proceso que «las autoridades funcionaron razonablemente bien». Unas «autoridades» entre las que él mismo se hallaba, en tanto que titular de Pesca del Ejecutivo Aznar. También estaba allí, como delegado del Gobierno en la comunidad, el hoy director de la Guardia Civil. Arsenio Fernández de Mesa respalda un fallo que, paradójicamente, ve «difusa y confusa» su labor aquellos días.
Más comedidos, otros miembros del Gabinete Rajoy -Ana Pastor, por ejemplo- se limitaron a expresar «respeto absoluto» por la decisión de la Audiencia, así como a ensalzar lo «mucho avanzado» desde entonces. La Xunta, por boca de su vicepresidente, Alfonso Rueda, calcó postura: hablaron los togados, nada que añadir.
Todos los restantes grupos con representación en el Parlamento autónomo, no obstante, fueron a la guerra contra el fallo. Algunos con perdigones y otros con misiles. Entre los del primer batallón, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentó que el pronunciamiento llegue «inxustamente tarde», si bien se reservó la opinión sobre el contenido, «por un respecto puramente ao que é un tribunal». No dejó de reclamar al PP, en cambio, que se disculpe por su «insensibilidade» y la «mala xestión de un accidente que transformou en catástrofe medioambiental».
Para AGE, la «pantomima» de A Coruña terminó, «unha vez máis», «cos grandes responsables políticos eximidos», pese a su «recital de incompetencia», denunció el número uno de la coalición. «Evidentemente, estamos ante a impunidade do poder», remachó Xosé Manuel Beiras. Muy en esa línea, el secretario de Organización del BNG, Bieito Lobeira, se despachó a gusto al censurar la sentencia por «inxusta, lamentable e pobre xuridicamente», amén de por haber sido redactada «ao ditado do poder político, dos intereses do Partido Popular».
Ya fuera de la Cámara, el líder de Compromiso por Galicia, Xoán Bascuas, cargó contra un texto «indigno» que el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares situó en el terreno del «escándalo». Al parecer de la formación ecologista Equo, igualmente, se trata de un texto «escandaloso» y «absolutamente incomprensible», una «bofetada para miles de voluntarios».