Otro documento refuerza la tesis de que se ahorró en seguridad en Santiago

Está firmado por el primer presidente del ADIF que nombró el Gobierno del PP


Otro documento que cierra el contrato para modificar las instalaciones de seguridad en Angrois refuerza la tesis de que los cambios introducidos en la antesala de la estación de Santiago pudieron sustentarse, como asegura el juez instructor, «en un plan de reducción de costes de obra y mantenimiento». Como el documento que avaló los cambios en julio del 2010 ?cuando presidía el ADIF Antonio González, nombrado por el Gobierno del PSOE?, el contrato de obras constata que uno de los objetivos era la «optimización de prestaciones de determinados sistemas para reducir costes, unificando y actualizando criterios constructivos». La redacción de este párrafo clave cambia ligeramente con respecto al proyecto de modificado, que se proponía reducir costes «de implantación y mantenimiento». Este recorte en prestaciones motivó que se sustituyera el sistema ERTMS ?que monitoriza totalmente la conducción? por el ASFA, que deja en manos del maquinista reducciones de velocidad bruscas como la que se da en Angrois. También se redujo el número de equipos «objeto de mantenimiento».

Este documento fue firmado en abril del 2012 por Enrique Verdeguer Puig, el primer presidente del ADIF que nombró el Gobierno del PP, cuando ya la línea de alta velocidad Santiago-Ourense llevaba más de tres meses en funcionamiento. El ahorro que se logró con las modificaciones fue ligeramente inferior al que se había calculado en el proyecto. En lugar de rebajar el contrato en 26,6 millones, como estaba previsto, se redujo en 26,04.

Subcomisión

Por otra parte, el Congreso constituyó ayer la subcomisión encargada de estudiar la situación de las infraestructuras ferroviarias en virtud del acuerdo alcanzado por todos los grupos a raíz del accidente. Será coordinada por el presidente de la Comisión de Fomento, el gallego Celso Delgado, y contará con otros dos diputados gallegos: Laura Seara (PSOE) y Rosana Pérez (BNG). El órgano está formado por 15 diputados: cuatro del PP, tres del PSOE, dos de CiU, dos de Izquierda Plural, uno de UPyD y otro del PNV. El Grupo Mixto estará representado por sendos parlamentarios del BNG y de Compromís-Equo. La subcomisión tiene seis meses para realizar su trabajo.

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