El grupo parlamentario de AGE imprimió un carácter social a la mayoría de sus 50 propuestas de resolución, que Beiras enmarcó en una «alternativa de Goberno». En ese paquete incluyó, entre otras, medidas como el rescate de los copagos de medicamentos, tanto los de la farmacia hospitalaria como los convencionales; la posibilidad de «expropiacións do uso das vivendas» frente a los desahucios; la devolución de las cantidades defraudadas a los preferentistas, que cifró en 4.000 millones de euros; el «cese dos ataques aos empregados públicos», en referencia a las restricciones laborales y recortes retributivos; la supresión del decreto sobre los comedores escolares; y la consecución de un «pacto social contra a pobreza».
El grupo de Beiras también planteó un bloque de propuestas orientadas a revitalizar el pulso de la economía y de los sectores productivos del país. Ahí entraron, entre otras, desde la reivindicación de una banca pública gallega, tras la «consumación da tropelía da perda das caixas»; el rescate de la concesión de la autopista AP-9, «esa grande estafa que estamos pagando»; la reclamación de carga de trabajo para el sector naval, con los dos floteles comprometidos; y un plan estratégico de empleo que preste especial atención a los jóvenes.
En un plano de más calado político, AGE volvió a reclamar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades en la catástrofe ferroviaria de Angrois; la puesta en marcha de un «órgano de prevención da corrupción»; la elaboración de una auditoría de la deuda de la Xunta, «para saber en que servizos gastou Feijoo»; y la reforma del Código Penal para tipificar como delito la apología del franquismo.
Beiras deslizó una pulla final. Interpelado por posibles acuerdos con Feijoo, atajó que «o único acordo proveitoso para os galegos é que corroborase que ten maioría absoluta convocado eleccións».