El traficante de arte está acusado del delito de contrabando por la exportación ilegal de 1.369 piezas de arte precolombino a Alemania
09 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El presunto traficante de arte Leonardo Augustus Patterson no podrá zafarse esta vez de la Justicia española. Mañana se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, acusado del delito de contrabando por la exportación ilegal de 1.369 piezas de arte precolombino a Alemania, donde residía. El pasado mes de marzo, en un viaje a Madrid, las fuerzas de seguridad del aeropuerto de Barajas pusieron fin a la libertad de movimientos del exdiplomático costarricense, sobre el que pesaban órdenes internacionales de detención y extradición. Hoy se encuentra en la prisión de Teixeiro, adonde fue trasladado desde Soto del Real.
Aduciendo graves problemas de salud, este coleccionista de arte, saqueador de yacimientos arqueológicos según varios Gobiernos centroamericanos, había logrado el aplazamiento del juicio, que se tenía que haber celebrado en diciembre del año pasado. De su reaparición en Galicia se supo en junio pasado, cuando ya dormía en la prisión madrileña a la espera de juicio: con el sigilo suficiente para no alertar a los medios de comunicación, fue trasladado a Lugo para ser interrogado por la jueza que instruye el caso Pokémon, Pilar de Lara.
Diez años en una cámara
Bajo el secreto de sumario quedaron las respuestas de Patterson sobre el destino de 75.000 euros que Gerardo Conde Roa, exalcalde de Santiago, recaudó para él y si esto puede tener relación con la colección de arte que desde el 30 de noviembre del 1997, al concluir la macroexposición celebrada en la iglesia de Bonaval y en el pazo de Fonseca, permaneció en la cámara de seguridad de una empresa de mudanzas de Santiago.
Según el fiscal, Patterson cometió un delito de contrabando al ordenar, el 4 de marzo del 2008, el traslado a Múnich de la colección, valorada en 53,5 millones de euros. En esa ciudad fue intervenida e inmovilizada a solicitud de las autoridades españolas y de varios países latinoamericanos que reclamaron la propiedad de las piezas.
Al haber permanecido la colección más de diez años en España, Patterson tenía que haber solicitado permiso al Ministerio de Cultura para sacarla del país, deber que omitió. El fiscal pide para él dos años de prisión y 60 millones de euros de multa.