Cobrarán un promedio de 300 euros menos al mes al crecer el salario sujeto a retención
08 oct 2013 . Actualizado a las 11:05 h.Tal día como ayer, pero del año 2006, el periodista económico Eric Le Boucher publicó un célebre artículo en el diario Le Monde bajo el título La fête immobilière est finie (?La fiesta inmobiliaria terminó?). Preconizaba el inminente pinchazo de la burbuja del ladrillo en España o Gran Bretaña, cuando ni se había materializado la venta de Fadesa y los diputados del Parlamento gallego, con Dolores Villarino al frente, estrenaban una peculiar tabla retributiva que les permitía cobrar más del 50 % del salario real sin tener que declararlo a Hacienda.
Lo ocurrido en España después del 2006 es conocido: los costes laborales se redujeron por encima del 7 % y la presión fiscal creció un 1,3 % hasta el 2012, según la OCDE, a la vez que se crearon nuevas tarifas para los servicios públicos o se elevaron las que había, lo que no alteró sobremanera la retribución de los políticos autonómicos, más allá de sufrir un recorte similar al de los empleados públicos.
Y aun así, los diputados encajaron un recorte mucho más leve que el de los funcionarios, pues solo tuvo efectos sobre la parte del salario sujeta a IRPF, y no sobre el otro 50 % que perciben sin declararlo al fisco, que siguen embolsándoselo sin variación alguna desde el 2006.
Ese esquema va a ser modificado de manera inminente, pues la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, le está dando forma a una propuesta que elevará a la Mesa para obligar a los parlamentarios a transparentar fiscalmente más de la mitad de la compensación de los 2.587,39 euros que cada uno de ellos recibe al mes para financiar sus gastos de manutención o de alojamiento, vivan donde vivan e independientemente de que los realicen o no.
El sueldo que percibe cada diputado autonómico es el resultado de la aplicación de un régimen complejo. Por norma general, todo los diputados -salvo los cuatro que forman parte del Gobierno de la Xunta y dos que no tienen dedicación exclusiva a su escaño- perciben un asignación fija de 1.942,95 euros mensuales, a la que se añade un complemento de 280,91 euros para gastos de representación. Estos 2.223,86 euros es la parte que cobran sujeta a retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En el caso de los cuatro portavoces de los grupos políticos, el complemento de gasto de representación asciende a 545,74 euros, a los que su suman otros 366,22 euros de libre disposición, que también están sujetos a retención. La asignación es de 466,34 euros para el caso de los seis viceportavoces.
La otra mitad del salario que perciben sus señorías obedece a la llamada «ayuda de coste» que reciben con carácter general todos los diputados y que asciende a 2.587,39 euros mensuales. Esta cifra sirve, al menos teóricamente, para financiar costes de manutención y de alojamiento, al margen de que se realicen o no. Esa es la parte que no está sujeta a retención y que se mantuvo invariable desde el 2006, y que se incrementa de forma sustancial con los gastos de kilometraje, que asciende a más de 1.500 euros mensuales para los parlamentarios que viven más lejos de Santiago, y que tampoco tributa.
El presidente Núñez Feijoo ya advirtió que o bien rebajan el peso de la parte opaca del salario o bien la Xunta reduce su asignación al Parlamento. Pilar Rojo recogió el guante y ahora pretende que se tribute por más de la mitad de esta ayuda de coste, lo que de rebote rebajará en un promedio de 300 euros al mes el sueldo de cada diputado -según sean sus circunstancias personales-, pues la masa salarial será la misma y lo que se incrementará es la proporción que tributa. Quien gana, en realidad, es Hacienda. Y Hacienda somos todos.