Pese a la escasez de condenas penales, la aprehensión de plantas de marihuana acumula varios años de crecimiento en Galicia
06 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La marihuana (Cannabis sativa) es una planta con un ciclo natural muy semejante a la vid. Con el fin del verano madura y, en función de circunstancias diversas, está lista para ser recogida. Así que los meses de septiembre y octubre son días de cosecha para un número indeterminado de gallegos que sembraron en primavera y que estos días, con más o menos precauciones, intentan recoger sus frutos. Para algunos, como también ocurre todos los años, el proceso tiene un final abrupto con la presencia de la Guardia Civil, la incautación de las plantas y la puesta en marcha de un proceso que puede acabar delante de un juez.
«Está permitido comprar o vender semillas, pero cultivar la planta es un ilícito siempre». De esta manera zanja la cuestión Fernando Martínez, uno de los dos fiscales antidroga que hay en Galicia frente a un fenómeno que, según las fuentes consultadas, mantiene un crecimiento sostenido durante los últimos años. Solo en la provincia de Pontevedra, en los dos últimos meses, la Guardia Civil intervino 1.147 plantas en 27 operaciones. El fenómeno, obviamente, no está localizado en esa provincia, sino que es común en toda Galicia. Sin embargo, la mayor parte de las personas que fueron denunciadas en esas operaciones saldrán del atolladero con una sanción administrativa y, eso sí, sin plantas.
Alerta en la Fiscalía
La proliferación en toda España de clubes y asociaciones de consumidores, especialmente en Cataluña, el País Vasco y Andalucía ha provocado que la Fiscalía General del Estado remitiera este verano una circular al respecto recordando la ilicitud del cultivo y la necesidad de investigar, incluso interpretar como denuncia, el mero registro asociativo de estos colectivos si entre sus fines está el cultivo y distribución de cannabis.
En Galicia no hay constancia de que se haya actuado hasta el momento contra ninguna agrupación de consumidores, pero sí contra el cultivo, siempre que se detecta. Tratándose de una sustancia prohibida y penada, ¿por qué se producen tan pocas condenas frente a tantas incautaciones? «Se pena la transmisión, no el consumo», aclara el fiscal. Y entre ambos conceptos media un océano de interpretaciones. Desde que la policía o la Guardia Civil interviene y denuncia, el caso inicia un proceso de filtrado que ya parte del propio atestado que puede circular hacia la vía administrativa (propuesta de multa) o hacia la penal. Es ese caso, la Fiscalía revisará el expediente y lo presentará o no delante de un juez que, en última instancia, dirimirá si no hay delito o si por el contrario, el acusado estaba intentando lucrarse con la distribución del cannabis. La proporción de condenas penales frente al número de intervenciones policiales es muy pequeña.
Más cantidad y calidad
El crecimiento del fenómeno está incidiendo no solo en el número de incautaciones, sino en la calidad de lo intervenido. De las plantas aisladas que son denunciadas y arrancadas en el campo se ha pasado a descubrir invernaderos para producciones importantes, creciendo también la presencia de cultivos de interior en viviendas, algunas destinadas casi en exclusiva a la producción de esta sustancia. ¿Qué cantidad considera la Justicia que es suficiente para condenar a su propietario? Cualquiera si hay indicios de transmisión o tráfico. Si no los hay, los parámetros que se manejan en España para entender que una cantidad en sí misma está preordenada al tráfico es de diez kilos en el caso de la marihuana y entendiendo ese volumen sobre la parte psicoactiva de la planta, que es solo la flor y las hojas que la recubren.