Las imputaciones, las batallas internas y la crisis han marcado la política local
18 may 2013 . Actualizado a las 15:02 h.Los gobiernos locales se acercan al ecuador La próxima semana se cumplirán dos años desde las elecciones municipales. Importantes concellos han vivido un tiempo convulso. El de las facturas. Las facturas en el cajón que decían encontrarse los recién llegados al cargo. La factura asfixiante de la crisis. La factura que le pasaron al BNG sus escindidos. Y las facturas de adjudicaciones investigadas en la operación Pokémon. En las siete ciudades gallegas los tribunales han propiciado casi tantos cambios de alcaldes como las urnas en el 2011. Los votos le dieron el poder a tres nuevos alcaldes del PP con mayoría absoluta en A Coruña, Santiago y Ferrol. Las imputaciones judiciales forzaron relevos en el Concello compostelano y en Ourense.
Cuatro alcaldes de tres de los grandes concellos están inmersos en batallas legales. El popular Gerardo Conde Roa dimitió como regidor de Santiago tras ser imputado por un delito fiscal. Admitió que defraudó 291.000 euros a Hacienda.
El socialista Francisco Rodríguez renunció en Ourense por su imputación en la operación Pokémon, que investiga adjudicaciones irregulares a empresas. El caso, la hidra judicial de la política gallega, alcanzó también a Conde Roa, a su sucesor, Ángel Currás, y al regidor de Lugo, José López Orozco, que dijo que «o alcalde que non ten un par de imputacións ao ano non é bo alcalde».
El PPdeG y el PSdeG aplicaron distintas fórmulas a cada caso. Mantuvieron a Currás y a Orozco. Forzaron la marcha de Conde Roa y Rodríguez. Persiste el debate sobre el rasero político que se debe aplicar. El BNG, única formación que obligó a todos sus imputados a dimitir, rompió los pactos de gobierno que mantenía con los socialistas en Ourense y en Lugo tras exigir la renuncia de sus regidores.
El relevo de alcaldes agudizó las fracturas internas. En Santiago se enfrentaron dos facciones del PP, la de Currás y la de Paula Prado, con una concejala imputada denunciando al regidor por la presunta falsificación de un documento para implicarla en la Pokémon. La solución fue salomónica. Alcaldía para Currás y portavocía del PPdeG para Prado. En Ourense, los concejales afines a Pachi Vázquez aceptaron a regañadientes que Agustín Fernández, de la órbita de Rodríguez, tomara el relevo. Las tensiones afloraron otra vez al calor de la ginebra y el ron que figuran en los gastos pagados con dinero público por el grupo municipal socialista.
Los concellos también fueron el campo de batalla de la primera guerra entre el BNG y sus escindidos. El frente exigió a los ediles que habían abandonado su disciplina que renunciaran a sus cargos públicos. El símbolo de la rebelión fue Martiño Noriega, alcalde de Teo y escudero de Xosé Manuel Beiras en Anova, que se quedó en minoría.
Pero todos los ayuntamientos y partidos se encontraron con un enemigo común. La crisis. Los plenos se toparon con preferentistas, protestas contra desahucios y trabajadores del naval en ciudades como Ferrol, A Coruña y Vigo. Del Ayuntamiento de Ponteareas salieron concejales literalmente por la ventana.
Los recortes llegaron al corazón de los concellos. El Gobierno central dejó a los funcionarios municipales sin paga. Entre los concellos que desafiaron la norma del Ejecutivo con complementos compensatorios levantó su voz el de Pontevedra, la joya de la corona del BNG.
El ministro Cristóbal Montoro planteó la reforma de la Administración local para recortar gastos. La propuesta inicial incluía recorte de salarios de gran parte de los alcaldes y la reducción de concejales, reforzando el papel de las diputaciones. Por una vez, regidores de distintos partidos estuvieron de acuerdo. Pero para para oponerse. Será uno de los retos de lo que queda de mandato. Otra factura pendiente.