Con este razonamiento, el departamento que dirige Elena Muñoz defiende que, si la futura Lei do Emprego Público supeditara el acceso a las cúpulas de los chiringuitos a tener la condición de ser personal funcionario de carrera o laboral fijo al servicio de las Administraciones públicas, «entraría en contradicción con la Lofaxga». Facenda apunta, además, que esa norma 16/2010 fue aprobada con el apoyo de UGT, CC. OO. y CSIF.
Facenda justifica así que los directivos del centenar de entes adscritos a la Xunta, pero también de los 59 de las cuatro diputaciones, se beneficien de un procedimiento de selección distinto y puedan ser reclutados en la empresa privada. Más de 4.000 personas trabajan en ellos.