El sentido común y el Código Penal no siempre van de la mano. Castigar a un trapichero consumidor como si fuese un narcotraficante es como equiparar a un ladrón de gallinas con un estafador financiero. Una cosa es aplicar la ley, y otra, impartir justicia. David Reboredo es un ciudadano de 43 años que cometió el error de vender unas papelinas de heroína cuando era toxicómano y lo condenaron a siete años de cárcel. Desproporcionado. Si lo comparamos con los delincuentes de guante blanco que pueblan la España actual y caminan impunes por la calle, su caso resulta sangrante. El Gobierno tiene encima de la mesa un indulto de libro y, de momento, solo lo ha concedido parcialmente. Esto prueba dos cosas: que los políticos reaccionan a la presión social y que la justicia lenta no es justicia.