Los alcaldes ya se desfogaron cuando Montoro amagó con limitar los salarios de las corporaciones en el 0,6 % de sus presupuestos. Y también quedaron atrás las elecciones autonómicas que llevaron al Gobierno a aparcar sus planes de una reforma local que llegará con demasiado retraso. Nada impide, por tanto, pasar a la acción con un plan sensato que permita adaptar un mapa municipal del siglo XIX a las complejas circunstancias del XXI. Con medidas que estimulen y faciliten una fusión sensata de ayuntamientos, que propicien la reordenación de unas competencias que los desbordan y prestan sin la financiación necesaria, y que superen el desequilibrio de un marco financiero que favorece a las grandes ciudades y penaliza a los municipios gallegos.
Porque ha pasado el tiempo de los anuncios epatantes con los verdaderos recortes que demandan los ciudadanos. Es el momento de aplicar la tijera en podar duplicidades y racionalizar un censo de cargos insostenible, con 68.462 concejales en los 8.116 ayuntamientos españoles y unas diputaciones de utilidad difusa y sobredimensionadas. ¿A qué esperan? Estirar la cuerda siempre por el mismo lado es, además de profundamente injusto, desafiar el riesgo de que se rompa.