Obliga a sus diputados a suscribir un código ético por el que se comprometen a cesar si son procesados o imputados
13 nov 2012 . Actualizado a las 13:04 h.Acusado de sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias que a la postre quedaron en nada, a finales de octubre del 2011 el diputado popular Pablo Escribano, esgrimiendo su inocencia y soportando fuertes presiones internas, tardó horas en acceder a dimitir, como el partido le reclamaba. Casos de ese tipo será más difícil que se den en la novena legislatura, la que arranca este viernes, pues el PP de Galicia forzó ayer a sus 41 parlamentarios electos a suscribir un nuevo código ético en virtud del cual los firmantes se comprometen a dos cosas si se ven envueltos en asuntos de tribunales: a cesar ipso facto en caso de «ser procesados con calquera tipo de medidas cautelares» (una libertad bajo fianza, por ejemplo) y a «poñer inmediatamente a súa acta a disposición» si resultan imputados. El documento, sin embargo, no genera obligación jurídica alguna.
De explicar la trascendencia del texto a los políticos conservadores se ocupó su propio jefe de filas, Alberto Núñez Feijoo, en el marco de una reunión con todos ellos que, a puerta cerrada, se prolongó por espacio de una hora larga. En el marco de la misma, según varios asistentes, el líder de los de la gaviota instó a los presentes a, en el plazo de 48 horas, remitirle por correo electrónico propuestas «confidenciales» para el reparto de cuatro puestos: la presidencia, la vicepresidencia primera y la secretaría de la Mesa de la Cámara, así como la portavocía del grupo del PPdeG. Los actuales titulares del primer y del último de esos cargos, Pilar Rojo y Pedro Puy, negaron saber si seguirán o no ejerciéndolos.