Un joven discapacitado espera desde agosto plaza en un centro de Viveiro
09 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.«Yo necesito colegio». Lo dice así de claro Antonio Cerrato Agrelo, Antoñito en el ámbito familiar, un joven de 18 años con discapacidad que se topó con la burocracia y los condicionantes económicos para acceder a una plaza del Centro Ocupacional de Aspanane en Viveiro (Lugo).
La jubilación del padre propició la vuelta de la familia a la localidad mariñana de origen, «tras toda una vida en Madrid», explica Adela, la madre. Durante el verano, la familia realizó los trámites para trasladar el expediente de Antonio desde la Comunidad de Madrid a la Xunta. «La prioridad de toda la familia es que Antoñito tuviera todas las facilidades», señala Adela, que en agosto solicitó el traslado de la documentación y se encontró con las dificultades de los plazos de la Administración. La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid remitió a la Xunta el pasado 31 de octubre por correo certificado el expediente y ayer, «por fin», llegó a Galicia. Ahora, el departamento autonómico dispone de un plazo máximo de dos meses para resolver el expediente y asignarle a Antonio una plaza en el centro.
«A mí me gusta Viveiro, el único problema es que no tengo colegio, ni amigos»
Antoñito protesta y organiza su vida mientras tanto en torno a la familia. Corre con su padre «ocho o nueve kilómetros», escucha la radio «sobre todo el programa Anda ya», va a la ludoteca de vez en cuando y al parque, y le gusta aprender gallego. Y hasta se permite el lujo de «chivatearse» de la trastada de una de sus hermanas. «A mí me gusta Viveiro, el único problema es que no tengo colegio, ni amigos», cuenta.
Su madre incide en la importancia de la socialización y la atención especializada que requiere este joven con un 88 % de discapacidad reconocida. «Habla, escribe, lee, pero es autónomo en muy pocas cosas, ve y oye poco, necesita ayuda exterior constante», explicó Adela. «¿Cómo es posible que en la era de la tecnología se tarde tanto en tramitar un expediente, y que encima no pueda pagar una plaza privada para mi hijo porque aún no hemos percibido nada de la ayuda económica al entorno familiar del PIA (Plan de Atención Individualizada)?», añade.
Aún sin ayuda económica
Una plaza privada en el centro cuesta quinientos euros al mes. La familia tiene concedida una ayuda económica a través de la ley de dependencia por la Comunidad de Madrid desde marzo, sin haber percibido aún un solo euro. Ayer mismo la directora general de Coordinación de la Dependencia de la Consejería de Asuntos Sociales, Carmen Balfagón, confirmaba a La Voz que la familia de Antonio recibirá en diciembre la ayuda aprobada con los atrasos. Habrán pasado ocho meses. «No cobraron antes porque no estaban aprobados los fondos», señaló Balfagón, que explicó que también ayer la Comunidad de Madrid autorizó más de 18 millones de euros para garantizar las prestaciones a personas dependientes. «Qué bien, así en el momento en que me abonen el dinero podré pagar una plaza para Antoñito hasta que la Xunta me asigne una pública», dijo la madre tras conocer la noticia.