Las nuevas tasas que prevé establecer el Gobierno se suman a los gastos de abogado y a las costas judiciales
03 nov 2012 . Actualizado a las 07:00 h.«Queremos causar las mínimas molestias a los ciudadanos»
María Teresa Cortizas
«Al acabar un juicio, los jueces siguen trabajando»
Germán Serrano
«No podremos atender los juzgados vacantes»
Alejandro Morán Llordén
«Las nuevas tasas judiciales son desproporcionadas»
Jorge Cid Carballo
Acudir a los tribunales en España nunca fue gratis. No lo era antes ni lo será, evidentemente, después de la reforma de Gallardón. Lo dice (por lo bajini, pero lo dice) el artículo 119 de la Constitución española: «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar».
Las costas procesales, que el juez puede repercutir en las partes, ya suponen un elemento disuasorio de calado, porque pueden acabar representando una cantidad superior incluso a la que se dirime en el pleito en sí. Incluyen los honorarios de abogados, procuradores y peritos; las tasas por las pruebas documentales y notariales que se reclamen a los registros públicos, así como los gastos derivados de notificaciones, edictos e informaciones públicas.
Condena en costas
Salvo en asuntos laborales y de derecho de familia, donde el juez no suele condenar en costas a ninguno de los litigantes, lo habitual es que las pague quien resulte condenado. Pero quien gane el pleito debe saber también que esas costas solo cubrirán el máximo de la minuta de su abogado establecida por el colegio profesional. Y no es raro que los abogados cobren más de esa cantidad. En ocasiones, muchísimo más.
A todos esos gastos que ya afronta cualquier ciudadano que quiera ejercer su derecho efectivo a la tutela judicial, se suman ahora las nuevas tasas que quiere imponer el Gobierno, y que pueden llegar a suponer hasta casi cuatro veces la nómina de un trabajador que gane el salario mínimo interprofesional. Es lo que sucede si pleitea contra el Estado en un proceso contencioso-administrativo en el que tenga que apelar a instancias superiores hasta llegar al Tribunal Supremo.
Esa ciudadano tendrá que pagar las tasas gane o no el juicio, es decir sea o no inocente, haya sufrido o no una injusticia y sea cual sea la cantidad que reclame. Puede que eso desahogue la justicia y tal vez ayude a controlar el déficit, pero para un número creciente de españoles, tiene un nombre: indefensión.