La Diputación de Lugo dio en 14 años 1,5 millones a dos testaferros

La operación Muralla investiga adjudicaciones entre 1990 y el 2004


Lugo / la voz

La Diputación Provincial de Lugo dio a los presuntos testaferros de la empresa tapadera creada para optar a contratos de dicho organismo en la etapa de Francisco Cacharro más de un millón de euros en adjudicaciones solo en direcciones de obras incluidas en varios planes provinciales. Tanto el fiscal Jesús Izaguirre, que dirigió la operación Muralla hace seis años, como ahora la Brigada de Blanqueo de Capitales consideran que Senén Prieto Ingeniería S.?L. era una empresa creada por el que era jefe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación lucense para, entre otros objetivos, conseguir los favores del organismo provincial. El presidente en aquel momento, Cacharro Pardo, dijo entonces que no le dieron contratos.

Desde el año 1990 al 2004, José Enrique Cacicedo Herrero y Luis María Álvarez Delgado, considerados por la policía y el fiscal como testaferros de la empresa, consiguieron un total de 1.036 contratos correspondientes a diversos planes que gestionaba el organismo de Cacharro. El importe de esas adjudicaciones ronda el millón y medio de euros.

De todos modos, los investigadores que iniciaron la operación creían que en el período que investigaban -la década de 1990 y principios de la siguiente- las adjudicaciones efectuadas de manera presuntamente ilegal rondaban las 2.000, todas ellas con los epígrafes «Consultoría y asistencia para la redacción del proyecto...» o «Asistencia técnica para la supervisión y control de ejecución de la obra...».

La entidad mercantil Senén Prieto Ingeniería S.?L. fue, según consta en la denuncia en su momento presentada ante el juzgado de guardia, la beneficiaria final de un 80 % de las adjudicaciones hechas desde el organismo provincial.

No obstante, dado el volumen de documentación a revisar, la Brigada de Blanqueo de Capitales únicamente toma como referencia media docena de obras. Abordar la revisión exhaustiva de los miles de documentos incautados durante la operación, llevada a cabo en mayo del año 2006, convertirían el trabajo de los investigadores en algo imposible. En cualquier caso, la citada brigada considera probadas las irregularidades.

El fiscal del caso cifró en 2.000 las adjudicaciones irregulares en los años noventa

El 80 % de los contratos eran para los presuntos testaferros de la empresa

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