Es domingo por la tarde y en la farmacia donde trabaja Imanol Pérez, en la calle Santo Domingo, de Ourense, hay poco movimiento. Por eso el farmacéutico tiene tiempo de hablar y de hacer balance de los primeros días de aplicación del copago. Cree que está siendo «desastroso» por los fallos del sistema, por los vaivenes en los medicamentos incluidos o no e incluso por dudas legales al respecto de la información que reciben de los clientes.
Y es que los farmacéuticos, cuando van a cobrar, saben si quien está frente a ellos tiene o no el tope de ocho euros y, por tanto, tienen conocimiento de si sus ingresos son inferiores o superiores a los 18.000 euros. «¿Por qué tengo que saber yo la renta de nadie o si está en paro? Yo lo veo en mi ordenador y no creo que sea legal por la protección de datos», dice Imanol Pérez.
A este farmacéutico ourensano le sorprende que se haya puesto en marcha una medida de este tipo sin mantener reuniones previas con los profesionales, pasándoles a ellos el «marrón», como él mismo lo define, de aplicarla. «¿Cómo es posible que la Xunta tome unilateralmente esta decisión sin consultarnos nada?», se pregunta.
Tampoco le convence a Imanol Pérez la selección de medicamentos realizada puesto que, según dice, deja fuera algunos que son «de primera necesidad», como la simvastina, un fármaco para el tratamiento de los altos niveles de colesterol. Además, afirma, unos días se retiran unos medicamentos, y otros días, otros y se incluyen algunos que elaboran laboratorios que ni los profesionales de la farmacia conocen. Todo ello, sin contar con los errores informáticos: «Vienen con cartillas de activos, vemos que no se les cobra y tenemos que ser nosotros quienes lo arreglemos».
Pese a todo, a Imanol Pérez le sorprende que los clientes no se quejen demasiado. Esa resignación la verbaliza Maribel Pereiras, que llega a comprar a la farmacia: «Teremos todos que arrimar o ombreiro. Mellor é que cobren por aquí e que non recorten tanto en educación».