Es inevitable entender la exclusión de la financiación pública de un cierto número de medicamentos en el contexto de la situación que atraviesa el país. Introduce un carácter de urgencia que impide hacer consideraciones que, en otras circunstancias, serían obligadas. Pero no debería impedir, sin embargo, monitorizar la evolución de la propia medida de manera que puedan evaluarse sus consecuencias y, en su caso, corregir la orientación. Porque en última instancia de lo que se trata es de alcanzar el objetivo de reducir el gasto sanitario público, pero sin provocar un efecto negativo sobre la salud de los ciudadanos.
Sobre listas negativas hay abundante experiencia acumulada. En España, en concreto, contamos con dos, en los años 1993 y 1998. En ambos casos se retiraron una serie de medicamentos de bajo valor terapéutico, pero la efectividad fue limitada a la hora de reducir el gasto farmacéutico.
En el año 93 se redujo el número de recetas de entrada, aunque en seguida se sustituyeron los excluidos por otros incluidos pero más caros. El impacto en el 98 fue aún menor, y de hecho en ese mismo ejercicio el gasto subió un 10 %. Ahora el valor terapéutico no está en discusión, por lo que el riesgo de sustitución es mayor.