La presión pudo con Benigno López, hasta el punto de dejar descolocado a su único valedor, el PP, que solo siete horas antes de que presentase la dimisión lo había apuntalado al defender en el Parlamento su continuidad durante ese tiempo muerto de dos meses que le restaba. Su renuncia era el desenlace lógico después de comprometer a la institución al ejercer de palmero de los recortes sociales del Gobierno de Rajoy y nada valedor del pueblo ante el poder, que a fin de cuentas es lo que le compete. Sin embargo, ha agravado la crisis de la institución por demorar su salida, doce días en los que ha estado agazapado frente a la reprobación de distintos ámbitos sociales y la confrontación política que en el primer minuto dinamitó el consenso que había avalado la figura del alto comisionado desde que Xosé Cora lo estrenó en 1992. Con su dimisión, Benigno López sigue su propio criterio -el mismo que desató el polémico exceso verbal en torno a la ley de dependencia- y abre la institución a un nuevo consenso político que deberá rehabilitarla con prontitud ante los ciudadanos mediante el equilibrado desempeño de sus funciones y la reducción de su costosa estructura.