Los órganos provinciales son piezas básicas para financiar a los partidos
20 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El debate político abierto en España en torno a la supresión de las diputaciones, defendida por el PSOE, UPyD y fuerzas nacionalistas como el BNG, CiU o ERC, pone de nuevo en solfa la existencia de unos organismos de otro tiempo, casi bicentenarios, que en realidad ya empezaron a morir con la creación del Estado de las autonomías en 1978, que vació de competencias a las provincias, aboliendo de paso las diputaciones en comunidades unidepartamentales como Asturias, Murcia, Cantabria, Navarra, Logroño o Madrid, donde las duplicidades administrativas saltaban a la vista.
Que en Galicia, Cataluña o Extremadura se mantengan estos entes no quiere decir que las duplicidades no existan. Es más, todas las competencias que la Ley de Bases de Régimen Local cita como «propias» en su artículo 36 son ejercidas también por los Gobiernos autónomos o los municipales.
Esto provoca que la verdadera razón de ser de las diputaciones haya que explicarla hoy en día en términos de interés político, más que por su utilidad social o económica, pues realmente son unos órganos que se han revelado esenciales para la financiación de los partidos políticos y su organización territorial, así como para la promoción de sus cargos orgánicos.
Nómina de asesores
Buena parte del funcionamiento de los partidos políticos depende directamente de las diputaciones, que los nutren de asesores, técnicos, auxiliares y toda suerte de fontaneros. No es de extrañar por tanto que la estructura de los partidos se acomode a las provincias (en el PP era tradición y el PSdeG se sumó hace un año a la fiesta) ni que los responsables de organización de ambos partidos en la provincia de A Coruña, como son Álvarez-Campana (PP) o Emilio Vázquez (PSOE), sean asesores de la Diputación y cobren un salario anual de 62.484 euros, mucho más que un diputado autonómico votado directamente por los ciudadanos.
Con la llegada de la democracia, la UCD articuló su poder territorial en Galicia en torno al reparto discrecional de los fondos provinciales, y el PP, con Cacharro Pardo en Lugo y Victorino Núñez en Ourense, aprendió pronto a hacer lo mismo. Su sucesor, Baltar Pumar, fue acusado recientemente en el Parlamento por el PSdeG de tener empleados en la Diputación a 113 cargos de su partido.
La opacidad de estos entes permite a sus dirigentes premiar voluntades, más guiados por el interés partidario que por el general. Tradicionalmente, el PSC construyó un contrapeso al pujolismo de CiU ayudado por la Diputación de Barcelona, que le permitía pagar la nómina de más de 30 asesores. La de A Coruña tendrá a sueldo a 32 eventuales en los que gastará 885.000 euros al año, a los que se añaden 500.000 euros más en cargos políticos.
La obsolescencia de las diputaciones se hace evidente con un somero repaso de sus cuentas. Gastan casi tanto en sí mismas como en los servicios que prestan, algo impensable en la Xunta. Las cuatro diputaciones gallegas manejaron en el 2010 un presupuesto de 539,4 millones de euros, y el 43,4 % del total lo destinaron a pagar personal y a costear su propio funcionamiento.
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