En democracia, los Gobiernos tienen la misión de marcar las líneas de actuación y de tomar las decisiones necesarias para que los problemas dejen de serlo y para conseguir el progreso de toda la sociedad. La oposición también tiene un papel determinante, que es el de vigilar, controlar y presionar al Gobierno, de modo que este no se desvíe de la encomienda de dirigir todos sus esfuerzos a lograr el bien común. Y en esta tarea, los partidos que no ostentan el poder tienen todo el derecho a ser duros e implacables porque para eso los han colocado los votantes en el sillón que ocupan.
Pero ser duros e implacables no significa, ni mucho menos, el todo vale que poco a poco se va instaurando en la política española y, también, en la gallega. Si algún responsable político tiene la sospecha de que su oponente ha cometido alguna irregularidad, alguna ilegalidad o tiene un comportamiento inadecuado, ha de denunciarlo. Sí, pero con las pruebas en la mano o en el juzgado. A estas alturas del partido, no se puede consentir que los políticos lancen acusaciones sin respaldo, hasta conseguir convertir el escenario político en un barrizal en el que poder esconder otros problemas. Es hora de demostrar un poco de responsabilidad.