Cuando Nicolás Rivera necesitó de un abogado que se hiciese cargo de su defensa lo hizo a través de un oftalmólogo, aficionado a los coches de lujo como él, que lo había operado de la vista cuatro meses antes y que lo puso en contacto con Marcos García Montes. El letrado más mediático del foro madrileño, nada más hacerse cargo de su defensa, llamó a la esposa y a los allegados de su cliente para urgirle una provisión de fondos que inicialmente cifró en 60.000 euros.
En el momento de la detención la policía se incautó de 40.000 euros en efectivo que Nicolás tenía en casa, lo que dejó a Lupita, su mujer, sin efectivo. Por eso le ofreció al abogado que cobrase con relojes -en la casa había una colección de 19, alguno de ellos valorado en más de un millón de euros-, pero este, según la secretaria y amiga del capo, dijo que «no cobra con relojes ni en pintura, ni con coches, que necesita el dinero porque es un caso muy complicado».
Blanqueo y coacciones
Tras visitarlo en la cárcel el 6 de septiembre y ser informado por su cliente de dónde había dinero, el abogado se reunió de nuevo con los allegados de Nicolás y, según estos, elevó le petición de provisión de fondos, primero a 120.000 y luego a 300.000 euros.
Según los testigos, el letrado, bajo amenaza de dejar la defensa, los conminó a retirar el dinero que había oculto en el maletero de un Maserati guardado en un garaje de La Moraleja y a que lo distribuyesen en varios sitios.
El 13 de septiembre la secretaria y el joyero de Nicolás Rivera retiraron del Maserati una maleta que contenía en su interior cerca de dos millones de euros y la guardaron en el establecimiento comercial del hermano de uno de ellos. Aconsejados por otro letrado -el mismo que se hizo cargo de la defensa de los piratas somalíes detenidos por el secuestro del Alakrana - optaron por entregar la maleta con el dinero a la policía y relatar las presiones recibidas por parte de García Montes.
El letrado declaró el pasado 20 de octubre ante la jueza Belén Rubido como imputado en un presunto delito de blanqueo de dinero y otro de coacciones. La jueza decretó su libertad con cargos y poco tiempo después renunció a la defensa.