El juzgado admite a trámite la denuncia por autorizar una piscifactoría en la costa de Ribadeo en el 2005
23 abr 2010 . Actualizado a las 02:25 h.El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santiago de Compostela ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el fiscal coordinador de medio ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, contra el actual presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana. Lo acusa de un supuesto delito de prevaricación medioambiental y de otro de prevaricación urbanística, por autorizar en el año 2005 una piscifactoría en Rinlo, en la costa de Ribadeo. Así lo recalcó ayer la agrupación ecologista Adega, que en su día había puesto en conocimiento del fiscal estos hechos. El colectivo reclama ahora al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la destitución del responsable de este departamento autonómico.
El juez ordena la apertura de diligencias previas y llama a declarar a Álvarez-Campana como imputado el próximo 3 de mayo a las 11.45 horas.
Los hechos se remontan al 2005, cuando el Consello de la Xunta encabezado por Manuel Fraga, aunque ya en funciones, aprobó la declaración de impacto ambiental de la citada piscifactoría de Rinlo. La empresa que lo promovió fue Acuinor, presidida por un primo del ex ministro Francisco Álvarez Cascos. Álvarez-Campana era entonces director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental y fue quien rubricó la declaración favorable de impacto de las obras.
Si la piscifactoría no se ha ejecutado ha sido, sin duda, por la oposición que planteó Adega. Varios de sus voluntarios no dudaron en colocarse ante las máquinas excavadoras, impidiendo su trabajo.
Paralelamente, y dado que con el bipartito ya en la Xunta no se revisaba la autorización del proyecto, el colectivo ecologista inició una larga batalla legal que cinco años después aún colea. Entre otras instituciones, recurrió a la Comisión Europea, que archivó una denuncia similar contra la declaración de impacto ambiental.
Adega sostiene que las obras se ejecutaban al lado del LIC (lugar de interés comunitario) de la playa de As Catedrais e invadían hábitats prioritarios de la Red Natura.
El nuevo plan acuícola retranqueó 500 metros la piscifactoría. Tras desistir de ejecutarla, Acuinor reclamó a la Xunta una indemnización de 8,2 millones de euros por obras y lucro cesante. Su demanda fue admitida a trámite.