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Bloqueo continuo a la labor del gobierno nacionalista. La ilusión con la que los nacionalistas asumieron el poder local se vio truncada por la nueva oposición mayoritaria, un bloque compacto formado por los concejales del PP, PSOE y Move Gondomar. Estos grupos impidieron a Araúxo tener concejales liberados para poder dedicarse por entero a la gestión municipal y tampoco le dejaron contratar personal de confianza. El regidor consultó a la Xunta la forma legal de reconducir el urbanismo y aplicó sus recomendaciones de comenzar con la delimitación de núcleos rurales y contratar la redacción de un nuevo PXOM. Pero los grupos de la oposición tumbaron estas propuestas valiéndose de su mayoría en el salón de plenos. Un año después de las elecciones, el grupo municipal socialista dio un giro de 180 grados en su postura sobre el urbanismo y aprobó una propuesta del PP para recuperar el planeamiento del 2006, aquel que ellos mismos habían retirado años antes por considerar que estaba bajo sospecha. El BNG se negó a cumplir dicho acuerdo por vincularlo con la corrupción.
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La condena del anterior gobierno de Gondomar. Paralelamente al sonado escándalo de corrupción por el cobro de comisiones, Gondomar ha vivido otro proceso judicial relacionado con el urbanismo que sentó en el banquillo al anterior alcalde del PP, Carlos Silva, y al resto de los concejales que formaban la comisión de gobierno. La fiscala les acusó de un delito de prevaricación por haber otorgado licencias conforme al PXOM del 97, que fue anulado por los tribunales, ocultando la resolución judicial definitiva a los técnicos para que siguieran informando favorablemente. El juez los condenó en diciembre pasado a un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación. De los inculpados, solo dos, Carlos Silva y Ángel Gregores, se mantienen en la corporación. No han renunciado a sus cargos porque han recurrido la sentencia de un juzgado de lo penal de Vigo ante la Audiencia de Pontevedra. 5 Las negociaciones para la moción de censura. Carlos Silva fue el cabeza de lista y candidato a la alcaldía por el PP, pero su condena por prevaricación fue determinante para que su número dos, Martín Urgal, se convirtiera en el aspirante a poseer el bastón de mando. PP, PSOE y Move firmaron la moción de censura argumentando la necesidad de dotar a Gondomar de un gobierno estable, dado que el BNG no fue capaz de aprobar nunca un presupuesto. Acusaron al alcalde de perder subvenciones y de no haber sacado al municipio de la paralización urbanística.