Un cambio de gobierno polémico en Gondomar

Alejandro Martínez

GALICIA

La moción de censura tiene su origen en escándalos de corrupción urbanística

19 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

La moción de censura firmada en Gondomar por ediles del PP, tránsfugas del PSOE y Move ha abierto un fuerte debate en el municipio pontevedrés entre quienes piensan que la operación obedece a intereses corruptos y quienes opinan que era necesario un gobierno de mayoría. El edil popular Martín Urgal tiene ya el bastón de mando de Gondomar. Los concejales del PSOE fueron expulsados, pero se siguen considerando del partido en el salón de plenos, por lo que la dirección gallega estudia medidas legales contra ellos, según indicó ayer el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García.

Un plan de urbanismo bajo sospecha de corrupción. La Guardia Civil detuvo en febrero del 2006 al edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, al portavoz del gobierno, José Luis Mosquera, y a un arquitecto vigués después de sorprender al segundo de ellos en el baño de una cafetería cobrando una comisión a un promotor que se ofreció de gancho para la investigación. Mosquera declaró después que el dinero era para financiar la escisión del PSOE y promover la creación de un partido independiente con el que poder pactar después de las elecciones, porque se daba por segura la pérdida de la mayoría del PP tras 20 años de desgaste. El entonces alcalde, Carlos Silva, con dos concejales en manos de la Justicia, se quedó en minoría, momento que BNG y PSOE aprovecharon para retirar aquel plan de urbanismo, que ya había sido aprobado inicialmente.

El ascenso del BNG y el fracaso de las negociaciones con el PSOE. Los electores castigaron al PP, que no consiguió la mayoría absoluta ni juntando los votos de la nueva agrupación independiente, escisión de los socialistas, Move Gondomar. El nacionalista Antonio Araúxo, con otros cuatro concejales, consiguió el bastón de mando gracias a que los cuatro ediles socialistas apoyaron su investidura. Pero las negociaciones para formar un gobierno estable de izquierdas fueron un fracaso. Al menos compartían la necesidad de dotar al municipio de un planeamiento libre de sospecha, después de que fuera anulado por los tribunales el último vigente desde el año 97, y abortado el del 2006.

Bloqueo continuo a la labor del gobierno nacionalista. La ilusión con la que los nacionalistas asumieron el poder local se vio truncada por la nueva oposición mayoritaria, un bloque compacto formado por los concejales del PP, PSOE y Move Gondomar. Estos grupos impidieron a Araúxo tener concejales liberados para poder dedicarse por entero a la gestión municipal y tampoco le dejaron contratar personal de confianza. El regidor consultó a la Xunta la forma legal de reconducir el urbanismo y aplicó sus recomendaciones de comenzar con la delimitación de núcleos rurales y contratar la redacción de un nuevo PXOM. Pero los grupos de la oposición tumbaron estas propuestas valiéndose de su mayoría en el salón de plenos. Un año después de las elecciones, el grupo municipal socialista dio un giro de 180 grados en su postura sobre el urbanismo y aprobó una propuesta del PP para recuperar el planeamiento del 2006, aquel que ellos mismos habían retirado años antes por considerar que estaba bajo sospecha. El BNG se negó a cumplir dicho acuerdo por vincularlo con la corrupción.

La condena del anterior gobierno de Gondomar. Paralelamente al sonado escándalo de corrupción por el cobro de comisiones, Gondomar ha vivido otro proceso judicial relacionado con el urbanismo que sentó en el banquillo al anterior alcalde del PP, Carlos Silva, y al resto de los concejales que formaban la comisión de gobierno. La fiscala les acusó de un delito de prevaricación por haber otorgado licencias conforme al PXOM del 97, que fue anulado por los tribunales, ocultando la resolución judicial definitiva a los técnicos para que siguieran informando favorablemente. El juez los condenó en diciembre pasado a un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación. De los inculpados, solo dos, Carlos Silva y Ángel Gregores, se mantienen en la corporación. No han renunciado a sus cargos porque han recurrido la sentencia de un juzgado de lo penal de Vigo ante la Audiencia de Pontevedra. 5 Las negociaciones para la moción de censura. Carlos Silva fue el cabeza de lista y candidato a la alcaldía por el PP, pero su condena por prevaricación fue determinante para que su número dos, Martín Urgal, se convirtiera en el aspirante a poseer el bastón de mando. PP, PSOE y Move firmaron la moción de censura argumentando la necesidad de dotar a Gondomar de un gobierno estable, dado que el BNG no fue capaz de aprobar nunca un presupuesto. Acusaron al alcalde de perder subvenciones y de no haber sacado al municipio de la paralización urbanística.

Una reacción en la calle sin precedentes. Centenares de personas han protestado en la calle por una moción de censura que vinculan con la corrupción, una indignación que ha aumentado al conocerse que los dos ediles que fueron condenados por prevaricación urbanística tendrán competencias en el nuevo gobierno, y uno de ellos, Carlos Silva, gozará de dedicación exclusiva. El nuevo gobierno de Gondomar se ha propuesto ahora volver a estudiar el planeamiento del año 2006.