Castilla y León fortalece la exigencia gallega de una financiación solidaria

Las dos comunidades reclaman al Gobierno un reparto «justo» del dinero frente a «criterios partidistas»


Feijoo llamó ayer a la única puerta que la Xunta parece tener abierta entre las comunidades del noroeste para fortalecer las tesis consensuadas por el Parlamento de Galicia ante la negociación para reformar la financiación autonómica. El presidente se desplazó hasta Valladolid para rubricar con su homólogo de Castilla y León, y compañero en el PP, Juan Vicente Herrera, un pacto político que une a las dos autonomías en la demanda de que dispersión, población y emigración ponderen al alza en la distribución de los 9.000 millones adicionales que se inyectarán al sistema. Feijoo y Herrera exigen al Gobierno un reparto «justo, solidario y equitativo», frente a criterios que achacan a la «oportunidad política y conveniencia partidista».

El jefe del Ejecutivo gallego, que el jueves ya acusó al Gobierno de querer penalizar a unas comunidades para ayudar a otras a salir de la crisis, en referencia a los compromisos de Zapatero con Cataluña, regresó de la capital castellana con un documento conjunto que pone de relieve la necesidad de un acuerdo multilateral que evite «una falta total y absoluta de transparencia del proceso». Las dos comunidades defienden que el principio básico para articular ese sistema debe ser el de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, con independencia del lugar en que residan, «tanto en la posición de partida como en el curso de su futura evolución». Para ello, Galicia y Castilla y León creen «absolutamente necesario» elaborar un mapa de servicios que determine los costes efectivos de prestación de servicios en cada territorio y que detalle los elementos que los integran.

La Xunta tiene hechos los números que demuestran el impacto de la dispersión sobre la factura del transporte escolar de una comunidad que tiene la mitad de los núcleos de población de España. Galicia paga por ese concepto casi tres veces más que Cataluña, que es la segunda con más gasto en ese concepto.

El criterio de la escolarización

En el pacto, Castilla y León secunda la demanda gallega de que la dispersión pondere al 1,2%. Las dos comunidades propugnan, además, que la variable del envejecimiento precisa una mejor consideración en el reparto de fondos, porque es crucial para los servicios asistenciales y la aplicación de la ley de dependencia. En ese punto, esgrimen el esquema fraguado por el grupo de trabajo del gasto sanitario, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que establece siete grupos de edad, con dos diferenciados para mayores de 65 años. También apuntan la posible incorporación de una variable vinculada a la educación, que compute el coste del servicio según el número de alumnos por centro y el tamaño de los colegios. Para evitar que los ajustes anuales del sistema deriven en un recorte relativo de la financiación, Feijoo y Herrera, que piden que las variables se actualicen cada cinco años, abogan por habilitar un mecanismo que compense la «rigidez a la baja del gasto público».

Aunque el vicepresidente Chaves asumió la semana pasada que también Asturias, Cantabria e incluso Extremadura comparten el interés de Galicia por que la dispersión pondere al alza, Feijoo difícilmente ampliará la entente que abrió ayer en autonomías con gestores de distinto signo político. El presidente asturiano, el socialista Areces, ya negó el jueves la posibilidad de un frente del noroeste.

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