La fase de intercambio de pruebas en el pleito que España sigue en Estados Unidos contra ABS, la empresa que revisó el Prestige , acumula 600.000 documentos. Además, se prestaron más de 100 declaraciones juradas en todo el mundo. Estos datos fueron aportados ayer en la escuela de verano del Ministerio Fiscal por la abogada del Estado jefa de Galicia, Consuelo Castro Rey, que en su ponencia disertó sobre la responsabilidad de las sociedades de clasificación en los accidentes marítimos. En su conferencia en el pazo de Mariñán (Bergondo), Castro Rey hizo un repaso jurídico al tratamiento que reciben las clasificadoras en la normativa marítima internacional, al tiempo que propuso un nuevo modelo que denominó «intermedio» para exigir responsabilidades a estas sociedades. Así, plantea que se delimiten los supuestos en los que cabe exigirles responsabilidad, «buscando un equilibrio entre la necesidad de indemnizar adecuadamente a las víctimas de los accidentes y la inconveniencia de desplazar por entero el riesgo a las sociedades de clasificación».
Por otra parte, el profesor Fernando García Cachafeiro, de la Universidade da Coruña, centró su intervención en la responsabilidad civil en las mareas negras.