Jesús Porta Dovalo, abogado laboralista y miembro de Xustiza e Sociedade, es uno de los convocados a la reunión que la secretaria del Juzgado de lo Social promovió para el miércoles al objeto de informar sobre las medidas que adoptó por falta de personal: solo atender los asuntos urgentes. Es decir, los despidos y los conflictos colectivos, de acuerdo con lo que dispone la ley jurisdiccional para calificar la urgencia de una demanda.
Porta sugiere: «Reconozco que es un grave problema, pero que no lo vamos a pagar los abogados y profesionales, sino el ciudadano». Porque será quien no cobrará a su tiempo una indemnización o no se le tramitará una demanda de invalidez con la premura que debiera.
«No resulta extraño -afirma también- que cuando la gente se ve obligada a ir al juzgado vaya con el temor a que ocurra cualquier contratiempo y que se retrase la solución al problema que lo lleva».
Jesús Porta anuncia que Xustiza e Sociedade, una asociación que agrupa a profesionales del derecho, jueces, secretarios y funcionarios de toda Galicia, responsabiliza a la Xunta por «no aportar los medios necesarios: es incomprensible que se llegue a esta situación periódicamente».