El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, dependiente del área de Vicepresidencia, que dirige el nacionalista Anxo Quintana, decidió contratar una empresa externa para apoyar al propio Consorcio en la ejecución de los procesos de selección de personal que tiene en marcha. Y es que, a pocas semanas de la celebración de las elecciones gallegas, el próximo 1 de marzo, el trabajo de recursos humanos se le acumula vertiginosamente en los despachos del citado ente autonómico. Este ya convocó el 20 de enero -según lo publicado ese día por el DOG en sus últimas páginas- 271 plazas de empleo público para personal laboral fijo para galescolas (176), centros de atención a mayores (85) y los servicios centrales (10). A las que ahora se suman otras 65 plazas para centros de atención a personas mayores: 45 del área de geriatría y 20 de los servicios generales.
En ambos casos, dado el planteamiento y el carácter de los mecanismos de acceso, los dos procesos servirán básicamente para hacer fijo al personal que está ya ahora prestando sus servicios en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Es esta circunstancia, más allá de la inminencia de una cita con las urnas, la que más críticas ha desatado en las filas de la oposición parlamentaria (del PPdeG) y entre los representantes de los trabajadores.
Es tanto así que incluso desde la CIG -sindicato que ha avalado el procedimiento junto con la UGT- se han dejado oír voces discordantes con la gestión de personal llevada a efecto por Vicepresidencia, a pesar del vínculo nacionalista. Y, entre los discrepantes, el delegado de la CIG en la junta de personal de los servicios centrales de la Xunta, Manuel Díaz. Pero desde donde se han emitido las valoraciones más reprobatorias es desde CC.?OO., que no ha suscrito el acuerdo que sí firmaron las centrales nacionalista y la UGT. Comisiones Obreras se desmarcó de un proceso que juzga «enganoso, fraudulento e sen participación sindical plural» y asocia a la política de los «chiringuitos clientelares».