El 30% de las 46 resoluciones aprobadas el año pasado en el debate sobre el estado de la autonomía no han llegado todavía a ver la luz o tienen un grado de cumplimiento parcial, al menos respecto a los términos en que fueron aprobadas por los grupos parlamentarios. A grandes rasgos, el bipartito ha ejecutado todos los acuerdos relativos a la sanidad, la industria, el medio ambiente, la pesca o la cultura, pero existen lagunas y proyectos que se demoran en el ámbito de la promoción de la lengua gallega, la educación, los transportes públicos y la vivienda.
La Cámara gallega acoge hoy la primera sesión del debate anual sobre política general, el tercero que se celebra con Emilio Pérez Touriño al mando de la Xunta y el último que tendrá lugar antes de las autonómicas del 2009. La crisis económica y el balance de la gestión realizada por el bipartito en esta legislatura serán las claves que marcarán un pleno que durará dos días y en el que el PSOE y el BNG volverán a presentar propuestas de resolución conjuntas.
Pero aunque dichas propuestas sean aprobadas, no siempre acaban llegando a buen puerto. Tomando como referencia los datos del debate celebrado el año pasado se puede comprobar que el grado de ejecución de los mandatos parlamentarios es elevado, de casi el 70%, y solo se contabilizan nueve de las 46 resoluciones que no han llegado a materializarse. Otras cinco resoluciones se han cumplido, pero solo en parte, en unas ocasiones porque no se han desarrollado en los plazos marcado por la Cámara y en otras porque lo que ha fallado fue el concierto de otras instituciones ajenas a la Xunta.
El pacto pendiente del gallego
Quizás los principales incumplimientos de los compromisos del 2007 son los que se refieren a la promoción del idioma gallego, pues no ha sido posible firmar un «gran pacto pola lingua» que involucrara a los medios de comunicación y entidades empresariales, políticas, sociales y sindicales, en gran medida también porque dicha resolución no contó con el beneplácito del PPdeG. Algo similar ocurrió con la creación y desarrollo de un Consorcio para a Planificación Lingüística, dirigido a convertir el gallego en la lengua habitual en las relaciones entre la Administración Pública y los usuarios. Este consorcio está en la agenda de Política Lingüística, pero no se ha desarrollado.
En el ámbito de la Consellería de Presidencia y Administración Pública también existe algún incumplimiento, pues todavía no se ha completado la implantación de un sistema telemático para la coordinación y gestión de las policías locales. Lo mismo ocurre con resoluciones relativas a Educación: se aprobó el segundo plan gallego de FP -aunque faltan por definir las áreas funcionales-, pero no se mejoró la financiación de las universidades.
Política Territorial todavía no remitió a la Cámara la ley para el transporte público de viajeros, aunque sí presentó un avance, y también está pendiente de aprobación el Plan Sectorial de Vivenda, que la conselleira Teresa Táboas no pudo explicar en el Parlamento la semana pasada por razones de agenda.