Un vicevaledor do paciente elegido por el Parlamento gallego e incardinado en la institución del Valedor do Pobo será el encargado de velar por los derechos de los enfermos gallegos, según recoge el proyecto de Lei de Saúde Pública de Galicia, que ayer aprobó el Consello de la Xunta para su remisión a la Cámara autónoma.
Cuando el paciente se sienta indefenso o crea que se han conculcado sus derechos podrá dirigirse al defensor del paciente, que estará especializado necesariamente en asuntos sanitarios. Las listas de espera o las dificultades de una intervención podrán acabar en la mesa del ombudsman del enfermo.
El vicevaledor habrá de ser «independente» y «de recoñecido prestixio», según informó Touriño, a la hora de trazar el perfil de esta figura, que antes nombraba la Consellería de Sanidade.
Galicia, a tenor de lo expresado por el presidente, tendrá un «marco legal de ordenación de todo o sistema de saúde». Touriño indicó que la norma «reforza o carácter público do modelo, que se articula a partir das directrices de política sanitaria».
«Pásase dun sistema descriptivo a outro impulsor de dereitos e á inserción da xestión cidadán», sentenció, al finalizar la reunión del Ejecutivo.
La ley enumera los derechos de integridad e intimidad, acompañamiento, autonomía de decisión, confidencialidad de la información o de reclamación por prestación de servicios.
La participación social se establece por medio del Consello Galego de Saúde. La salud no puede quedar solo en manos de los profesionales y, en esta medida, el texto establece canales de participación, puntualizó el presidente del Gobierno gallego.
El Ejecutivo está convencido de haber dado un «salto sen precedentes», porque la ley prevé el establecimiento de la salud mental y la atención a la drogodependencia dentro de la asistencia sanitaria. Ya no se consideran prestaciones independientes.
Sector privado
La norma registra también mecanismos de coordinación entre Sanidade e Benestar y define la participación del sector privado como «complementario e subsidiario» del sistema. Establece a su vez las distintas formas de relación que se pueden establecer en este ámbito. «Inclúense no sector privado non só os centros asistenciais, senón calquera empresa do sector sanitario», según el título quinto de la ley, que refleja que «todas estas empresas proporcionan a complementariedade necesaria do sistema».
Touriño explicó que el Gobierno pretende además coordinar la docencia y la investigación. La norma prevé la creación del Instituto Galego de Investigación Sanitaria, que tendrá por objetivo unificar y dirigir programas de investigación en el ámbito sanitario y de las universidades. El proyecto de Lei de Saúde de Galicia integra las fundaciones hospitalarias en el Servizo Galego de Saúde.