La investigación sobre los ciudadanos de Arousa incorporados a las candidaturas del Partido Popular vasco sin su consentimiento ha llevado a la jueza que dirige las pesquisas a ampliar el número de imputaciones. Ayer, la sala de instrucción número 1 de Cambados notificó al concejal conservador de O Grove Alexandre Aguín y a las funcionarias municipales María Isabel Agrelo y Susi Otero Magdalena que tendrán que prestar declaración como imputados en este proceso, una condición que hasta ahora se limitaba al ex alcalde y presidente del PP en el concello arousano, Miguel Ángel Pérez.
Alexandre Aguín, a la sazón número dos de Pérez, fue la persona encargada de tramitar en O Grove las solicitudes de los ciudadanos que voluntariamente accedían a ser incluidos en las listas electorales. Así lo señala la comunicación judicial, basándose en lo que el propio ex regidor grovense testificó ante la jueza el pasado lunes.
Por lo que respecta a las dos trabajadoras municipales, ambas ocupan cargos de responsabilidad en el Servicio de Emergencias grovense, con el cual han tenido relación la mayor parte de los falsos voluntarios. El ex alcalde señaló en su declaración que cualquiera de las dos podría haber tenido acceso a los documentos de identidad de sus compañeros. Una de ellas es, además, familiar directa de cuatro de las personas afectadas, factor que también destacó Pérez.
Otros dos testigos del PP
Las medidas adoptadas por el juzgado no se limitan a las tres nuevas imputaciones. Al mismo tiempo, la jueza de Cambados dictamina que declaren como testigos los dos trabajadores que prestan sus servicios en la sede provincial del PP en Pontevedra, a los que Miguel Pérez se refirió como «Manuel y Carmela». De acuerdo con su testimonio, uno de los dos le habría comunicado por teléfono un listado de «diez o doce personas» de O Grove que fueron utilizadas como voluntarias en el proceso electoral vasco.
Esta afirmación del ex regidor resulta particularmente controvertida, por cuanto contradice el informe elaborado por el propio PP provincial en el que la formación asegura no conservar ningún tipo de registro o copia de las solicitudes de los teóricos candidatos grovenses.
Este informe interno volvió a quedar en entredicho días después, cuando el gerente provincial del partido, Manuel Ángel Lores Buezas, uno de los dos responsables políticos que lo firma, se desdijo del documento. Así, reconoció que sí existía un listado de nombres, remitido a Pontevedra desde el País Vasco, y afirmó habérselo entregado al abogado de Pérez, Martín Serantes, que ejerció como coordinador electoral del PP en la comarca de O Salnés.
El problema es que tal relación no fue aportada al juzgado que investiga el caso. Si se comprobase la existencia de un episodio de ocultación de pruebas, el Código Penal reserva sanciones para cualquier letrado implicado que incluyen multas, prisión e inhabilitaciones.
El entramado de la documentación ocupa un lugar central. La jueza sólo ha obtenido por el momento de las juntas electorales vizcaínas dos copias de un fax en las que se recogen las supuestas autorizaciones falsificadas de dos de los cinco afectados que han presentado denuncia. Ahora, requiere a las juntas de Durango y Bilbao que envíen a su juzgado los documentos originales. Y, en caso de no disponer de ellos, demanda de sus responsables una manifestación clara acerca de si la ley exige que las firmas de los aspirantes a candidatos sean originales. De ser así, no sólo el PP, sino los propios organismos electorales habrían incurrido en una evidente irregularidad.
Ambos faxes fueron enviados el 7 de marzo desde un número que coincide con el del PP de Pontevedra. En consecuencia, la jueza pide a Telefónica información sobre el destino y el origen de las dos comunicaciones.