Los expedientes ya se han trasladado a una empresa municipal, que asumirá la rehabilitación Tras las reformas, el gobierno local podría alquilarlos o venderlos como pisos protegidos
30 mar 2007 . Actualizado a las 07:00 h.El gobierno local de A Coruña es el primero de Galicia en aplicar con todas las consecuencias la ordenanza de conservación y rehabilitación de inmuebles que hace referencia a la obligación que tienen los propietarios de mantener sus solares y edificios en condiciones de salubridad y ornato público. Después de que los dueños incumplieran de forma reiterada los requerimientos técnicos para la rehabilitación, el Ayuntamiento expropiará diez edificios y solares, ubicados en el ámbito del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Inmuebles (Pepri), es decir en las partes más antiguas de A Coruña: Ciudad Vieja y Pescadería. Según confirmó la edila de urbanismo e infraestructuras, Mar Barcón, el Concello expropió terrenos por otros motivos en numerosas ocasiones, «pero esta es la primera vez que se hace para el cumplimiento de la ordenanza de conservación y rehabilitación de inmuebles». Indicó que los diez expedientes ya se están trasladando a la empresa municipal Emasersa, que será la encargada de realizar los trámites de enajenación y posterior edificación. Ayer mismo, según la portavoz municipal, Carmen Marón, la junta de gobierno local aprobó la declaración de incumplimiento por parte de tres de esos diez edificios (en las calles Pastoriza 4, Varela Silvari 44 y 46) del deber de obrar. Desde el pasado octubre, cuando la corporación aprobó la nueva norma, se han abierto más de una veintena de expedientes expropiatorios de edificios ruinosos cuyos propietarios no rehabilitan. Algunos se han archivado porque, a pesar de esperar a última hora, los dueños han conseguido presentar un proyecto para acometer las obras. Otros siguen en la cuerda floja . Es el caso de cuatro inmuebles (Orzán 151, Varela Silvari 40, Estrecha de San Andrés 9 y Pastoriza 6) que han solicitado que se les conceda un tiempo extra para presentar su proyecto. La junta de gobierno local celebrada ayer ha accedido y les otorgó un plazo de gracia de entre 15 días y tres meses, dependiendo del caso, para hacerlo. Sin embargo, la junta les impone una condición, el pago de un aval de entre 180.000 y 240.000 euros para garantizar su cumplimiento. En caso de que no lo hagan en plazo, el Ayuntamiento se quedará con el aval, continuará con el proceso de expropiación y procederá a ejecutar la reforma. Marón explicó que el proceso de expropiación es «un camino largo» y, aunque no se atrevió a adelantar plazos, algunos ya podrían estar finalizados este verano. Así, aseguró que desde que se aprobó la ordenanza, la situación urbanística ha mejorado en el ámbito de protección especial del Pepri. «Los propietarios de los inmuebles que están en una situación de cierta dejadez se han dado cuenta de que el Ayuntamiento no va a permitir esta pasividad y que, efectivamente, va a expropiar». Considera que estas primeras actuaciones constituyen una acción «ejemplarizante para aquellas personas que creen que pueden alargar este tipo de situaciones urbanísticas». Función residencial En cuanto al uso que hará el Concello de los solares y edificios una vez rehabilitados, los responsables municipales no han concretado mucho, pero sí adelantaron que la idea es dedicarlos posteriormente a viviendas, que se podrán vender como pisos de protección o se someterán a régimen de alquiler protegido. Pretenden que las casas tengan un precio tasado y, así, facilitar que la zona antigua de la ciudad recupere su función residencial.