NO DEBERÍA sonar raro que quien recibe una subvención pública deba rendir cuentas ante la Administración. Sin embargo, y máxime cuando están cerca unas elecciones locales, a muchos alcaldes les estarán pitando los oídos. La Xunta pretende que sólo puedan recibir ayudas aquellos concellos que tengan al día sus balances con el Consello de Contas. Y no son muchos, un tercio o no rinden cuentas o lo hacen tarde. Detrás de la medida no está sólo la necesidad de fiscalizar el gasto subvencionado, sino la pretensión de que los ayuntamientos apliquen una fiscalidad más eficiente y justa. Aún los hay que no cobran el agua, o la recogida de basuras, o que tienen el IBI sin actualizar. Y, claro, es cómodo gobernar sin corresponsabilizar a los vecinos (vía impuestos) de los servicios que se ofrecen. El que paga es mucho más exigente a la hora de votar.