El coste de la inversión supera el presupuesto local, que ronda los 190 millones de euros El PSOE llevará a los tribunales al gobierno municipal por conceder la licencia anulada
15 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.La posibilidad de que en el futuro se decrete el derribo del proyecto urbanístico Finca do Conde -ilegalizado por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia que ayer dio a conocer este periódico- provocaría una verdadera crisis económica al Concello vigués. La inversión declarada por los promotores del centro comercial y de los cuatro edificios que se están construyendo supera ampliamente los 200 millones de euros, una cifra que excede el vigente presupuesto municipal de Vigo. Esta cantidad, sin embargo, no incluye las inversiones que han llevado a cabo los titulares de las 150 tiendas y del resto de las instalaciones de ocio existentes en el complejo. Tampoco tiene en cuenta la revalorización producida desde la apertura del recinto. En cualquier caso, a tenor de la experiencia del último decenio, las opciones de que el derribo prospere son remotas. De momento, la sentencia ilegaliza este proyecto urbanístico aunque el gobierno vigués cree que es posible su legalización. Para ello cuenta con la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), donde el complejo aparece recogido tal y como se ha ejecutado. Esta sentencia, no obstante, es la primera de las varias que se van a producir en los próximos meses. El proyecto Finca do Conde fue recurrido por ciudadanos particulares, por la propia Xunta, por la asociación de promotores inmobiliarios y también por el grupo municipal socialista. Por este motivo se sucederán fallos que presumiblemente anularán todo el proceso de aprobación administrativa y también la licencia. Del empeño de los denunciantes en pedir la ejecución de la sentencia dependerá en gran parte su futuro. Responsabilidades De momento el más beligerante es el PSOE. Su portavoz urbanístico, Mauricio Ruiz, anunció ayer que demandarán a la alcaldesa y al concejal de urbanismo «por la vía penal y civil» al considerarlos responsables de autorizar una licencia ilegal. «Aquí se hizo lo contrario que en otros casos y alguien deberá explicarlo», aseguró Ruiz. Los socialistas responsabilizan de lo ocurrido también al Bloque, que se abstuvo en la aprobación de la licencia, «y por ello fue un cómplice necesario».