Cultura considera que el proyecto incumple la normativa sobre el Camino de Santiago Además del impacto visual, el diseño viario supone un «grave riesgo» para las personas
01 nov 2006 . Actualizado a las 06:00 h.?a Dirección Xeral de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Cultura, ha decidido no autorizar la urbanización del polígono industrial de O Pino al entender que altera de forma sustancial el Camino de Santiago, una ruta protegida por la normativa autonómica. La decisión de la Xunta retrasará todavía más la finalización de un proyecto básico para el crecimiento económico de Santiago y su comarca, donde las empresas apenas hallan suelo para instalarse. El parque de O Pino está pegado al aeropuerto de Lavacolla y a poco más de 10 kilómetros de la capital gallega, características que valoran muchas firmas ubicadas en el municipio de Compostela y que tienen graves problemas para crecer por falta de espacio. El informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, al que ha tenido acceso este periódico, se apoya en varios argumentos para denegar la autorización que necesita este proyecto. La Xunta entiende que «a obra, coa execución de taludes e desmontes de grandes dimensións, altera a relación natural do camiño co seu contorno». Patrimonio añade, además, que el diseño viario previsto y las estimaciones de tráfico pesado en la zona no sólo tienen un impacto visual, sino que suponen un «grave riesgo» para las personas. «No proxecto non existen datos suficientes para avaliar a incidencia das instalacións no Camiño, ao non estar resolta a conexión exterior da rede de saneamento nin definida na súa integridade a instalación eléctrica», concluye la resolución de Patrimonio. Polémico origen El informe de la Xunta, firmado el pasado 16 de octubre, se ha elaborado después de que haya habido ya varios requerimientos al Concello de O Pino y a Fadesa (empresa adjudicataria de las obras) para que modificasen los aspectos del proyecto que colisionan con la normativa de preservación del patrimonio. Fuentes consultadas por este periódico han revelado que la autorización de la Xunta está condicionada a que se introduzcan nuevos cambios, dado que las modificaciones hechas hasta ahora por el alcalde y Fadesa no han satisfecho a Cultura. Este parque empresarial ha sido una fuente de controversia desde que se gestó el proyecto. Los vecinos propietarios de los terrenos donde se va a urbanizar el polígono rechazaron que el Concello de O Pino, gobernado por el PP, utilizase desde el principio el sistema de expropiación para el desarrollo del parque. Los afectados entendían que éste era un sistema excepcional y que no estaba justificada su utilización. La polémica se hizo más grande cuando Fadesa ofertó por el suelo un precio que los dueños de terrenos consideraron ridículo (6 euros metro cuadrado). Los propietarios, entonces, mostraron su oposición al alcalde y exigieron participar en el desarrollo urbanístico del polígono. Esta protesta social derivó en la constitución de una plataforma de afectados. Este colectivo considera que la resolución de Patrimonio supone un retraso más que obedece «a la ineptitud de Fadesa y a la connivencia del alcalde de O Pino», que han incumplido sistemáticamente los requerimientos efectuados por la Administración gallega. En el último año, la relación entre la plataforma de afectados y el regidor del municipio coruñés ha sido muy tensa. Manuel Taboada, el alcalde popular, ha acusado a este colectivo de querer matar «a galiña dos ovos de ouro» por poner trabas al desarrollo de un proyecto que generará mucha riqueza al ayuntamiento. Pero el informe de Patrimonio sobre este parque empresarial revela que las razones del retraso también están en el propio diseño de urbanización del polígono que hizo Fadesa, un planteamiento que ha contado con el beneplácito del alcalde.