Las constructoras de Madrid se llevan el 60% de la obra pública que se ejecuta en Galicia

Un selecto grupo de constructoras, la mayoría con sede en Madrid, han sembrado un clima de malestar entre sus competidoras gallegas por la captación sistemática de obra pública que, posteriormente, subcontratan a las empresas de Galicia por un precio menor. Sólo el año pasado, las compañías de fuera acapararon el 60% del dinero consignado en Galicia por las distintas administraciones: central, autonómica y locales. La Asociación de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) dio la alerta hace unos días al acusar al Gobierno y a la Xunta de favorecer a las firmas de fuera en las adjudicaciones. En realidad, la denuncia tiene un trasfondo de mayor calado. Empresas gallegas del sector aseguran que algunas de estas compañías se ha convertido en simples intermediarias que ganan las obras en los concursos a sus competidoras de la comunidad para, finalmente, acabar subcontratándoselas a las segundas. «Aunque quisieran ejecutarlas -explican- no podrían, puesto que la mayoría carecen de medios materiales y humanos en Galicia para llevarlas a cabo». Según estas fuentes, en la actualidad podría haber más de un centenar de sociedades gallegas trabajando mediante subcontratas en grandes proyectos de obra pública concedidos a compañías madrileñas. Las constructoras de la comunidad sostienen que son muchas las empresas que están vulnerando la legalidad por medio de este procedimiento. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas prohíbe expresamente subcontratar más del 50% del importe total de la adjudicación, una regla incumplida de forma sistemática, de acuerdo con estas fuentes. «En Galicia existen hoy en día, decenas de obras en las que el porcentaje de subcontratación supera el 90%. En algún caso llega al 100%», aseguran. Sobre el papel, debe ser la Administración adjudicataria la que supervise el cumplimiento de esta norma, por lo que las constructoras gallegas reclaman a la Xunta y al Gobierno que active los mecanismos necesarios para ello. Bajo sospecha Según la denuncia formulada por estas compañías, entre los proyectos que estarían bajo sospecha por registrar elevados niveles de subcontratación figuran la Cidade da Cultura (adjudicada a Acciona, FCC y ACS Dragados, entre otras), los tramos gallegos de la Transcantábrica (los ocho licitados han caído en manos de Comsa, ACS, OHL, FCC y Sacyr) y las líneas de alta velocidad ferroviaria (Corsan-Corviam, Sacyr, Acciona, ACS, Coprosa, FCC y Ferrovial, entre otras), así como el puerto exterior de A Coruña (ACS). Todas estas obras están en el punto de mira de las firmas gallegas, que reclaman a la Administración que analice si efectivamente se está cumpliendo lo que dicta la ley. En última instancia, las empresas galaicas sostienen que son ellas las que comprometen fuertes inversiones (contratación de personal, compras de maquinaria...) para desarrollar obras mientras las compañías de fuera se limitan a embolsarse jugosas plusvalías actuando como »especuladores».

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