Javier Moscoso, que también fue fiscal general con el PSOE, realizó un peritaje legal para ABS La empresa que revisó el buque utilizó su informe contra España en el pleito de EE.UU.
05 jun 2006 . Actualizado a las 07:00 h.La multinacional estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), clasificadora del Prestige y responsable por tanto de las revisiones técnicas del petrolero, contrató hace unos meses al ex ministro del PSOE y ex fiscal general del Estado Javier Moscoso del Prado para realizar un peritaje legal directamente relacionado con la demanda civil presentada por el Estado español contra esta firma. En el pleito que se desarrolla en EE.?UU., todavía una fase preliminar de intercambio de pruebas, España reclama a ABS 1.000 millones de dólares, por haber revisado de forma «negligente» el buque accidentado frente a las costas gallegas en noviembre del 2002. La pericia legal firmada por el propio Javier Moscoso está relacionada con un aspecto crucial del pleito: la intención de la empresa estadounidense de que todos los documentos y pruebas que obran en el juzgado de Corcubión -donde se instruye la causa penal por el accidente- sean enviados al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, instancia de la Justicia estadounidense en la que se desarrolla el proceso civil. En su informe jurídico en apoyo de los contrincantes del Estado español en este pleito, Javier Moscoso del Prado encabeza sus razonamientos jurídicos con un breve currículo en el que se recuerda su condición de ex ministro y ex fiscal general del Estado. A continuación, desarrolla un argumentario jurídico favorable a que los miles de folios del sumario del caso Prestige crucen el Atlántico y pasen a engrosar las pruebas recabadas por el tribunal neoyorquino. Contra el interés del Estado Esta pretensión de ABS, avalada por el ex ministro socialista, choca de plano con los intereses del Estado en la demanda civil, como demostraron tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, al oponerse radicalmente en sus escritos a que todos estos papeles estén a disposición de la sociedad de clasificación en el pleito de Estados Unidos. Fuentes del proceso consideran que algunas de las pruebas obrantes en el juzgado español podrían perjudicar a España en su demanda contra ABS. Sin embargo, los razonamientos del fiscal y de los abogados del Estado se atenían al marco legal vigente: la legislación española no lo permite. El juez instructor les dio de momento la razón, pero ABS todavía tendría cierto margen de maniobra para que el tribunal estadounidense reclame estos documentos, amparándose en informes como el de Moscoso del Prado. En su opinión, no existe razón alguna que impida que todas las diligencias judiciales del caso Prestige puedan integrarse en el pleito de Estados Unidos, al no existir secreto del sumario. Ética y cargos Fuentes del proceso relacionadas con la posición del Estado en el pleito aseguraron ayer que el contrato del ex ministro de la Presidencia con la clasificadora del Prestige es «perfectamente legal, aunque puede cuestionarse que sea ético si se tienen en cuenta los cargos públicos que ostentó». Aseguran incluso que la colaboración de este jurista va más allá de este peritaje e incluye otras asesorías jurídicas, aunque La Voz sólo pudo comprobar la relación con ABS en el asunto específico de los documentos de Corcubión. De hecho, la representación de la sociedad de clasificación en España confirmó que se contrató a Javier Moscoso para este informe, pero que su colaboración se limitaría a asesorías puntuales. «Se trata de un buen jurista, gran conocedor de la legislación española, como lo demuestra que haya sido fiscal general del Estado», aseguró un portavoz de la compañía. Desde otros sectores jurídicos se destaca que todo obedece a una estrategia de la compañía, consistente en fichar a profesionales próximos al PSOE y al Gobierno de cara a una negociación extrajudicial que ABS aún no reconoce abiertamente, pero que sí existe para los representantes de los servicios jurídicos del Estado.