Interior insta a mejorar la coordinación entre administraciones y pide a la policía que haga cumplir la legislación Plantea endurecer la publicidad del alcohol y penar su venta a menores
17 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno está dispuesto a adoptar medidas legales para impedir que se repitan macroconcentraciones de jóvenes para beber alcohol en la calle como las que se produjeron ayer en casi toda España. Al margen de los problemas de seguridad y de salud pública de estos macrobotellones, el Gobierno ha expresado su preocupación por las diferentes interpretaciones legales de cada comunidad y ayuntamiento en torno a este fenómeno. El objetivo es unificar criterios, mejorar la coordinación entre administraciones e impedir el acceso de menores al alcohol. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, se reunirá durante la próxima semana con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar la situación y recoger iniciativas. El Gobierno pretende armonizar una normativa básica común en torno al consumo de alcohol, aunque aborda el problema con cautela, ya que las competencias en esta cuestión están transferidas. En lo que respecta a materia estrictamente sanitaria, las propuestas para reducir el consumo entre los jóvenes incluyen medidas «mas estrictas» en las limitaciones de la publicidad del alcohol. Otro grave problema es la disparidad de criterios en torno a la edad mínima para consumir bebidas alcohólicas. En la actualidad hay dos comunidades, Castilla y León y Asturias, que permiten su consumo a partir de los 16 años, aunque la primera ya ha expresado su disposición a sumarse al tope de 18 años que impera en el resto de España. El Gobierno se está planteando también el endurecimiento de las sanciones para aquellos que suministren o ayuden a suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad, grupo al que pertenecen la mayoría de quienes participan en los botellones. Vacío legal Desde Interior se apuesta también por reforzar las medidas para impedir la práctica del botellón. En España, sólo Madrid y Extremadura cuentan con una legislación específica que permita prohibir el consumo de alcohol en la calle, mientras en otras comunidades hay un vacío legal por el que las administraciones se limitan a impedir que las concentraciones tengan consecuencias graves. El ministro José Antonio Alonso propuso ayer intensificar la colaboración entre ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar el problema. Además de implantar medidas que incrementen la seguridad, Alonso se mostró partidario de iniciar campañas de concienciación dirigidas a padres y jóvenes que alerten del «alto riesgo de la salud» que suponen este tipo de concentraciones. El ministro invitó a todas las administraciones a impedir que se vulnere la legislación y recordó que la policía «tiene que hacer cumplir la ley allí donde pueda ser transgredida».