El colectivo calé de Galicia denunciará ante el Constitucional y en Estrasburgo a los ayuntamientos que les prohíban la venta regulada en las calles
15 abr 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Son el alma de los mercadillos y, desde luego, los pioneros en esta fórmula callejera de comercio. Cerca de 16.000 personas de etnia gitana se dedican a la venta ambulante en Galicia. Ocho de cada diez lo hacen integrados en las cooperativas de trabajo asociado, requisito indispensable desde la entrada en vigor de la última normativa de la Xunta reguladora de esta actividad. Sus problemas de organización con los Ayuntamientos son casi tan viejos y variopintos como la profesión que ejercen. Pero esta vez han decidido zanjar los problemas en los tribunales. Asesorados por la asociación nacional gitana, el colectivo gallego ha contratado a un prestigioso bufete de abogados de Madrid para denunciar ante el Tribunal Constitucional y en Estrasburgo a todo Concello gallego que siga poniendo pegas a la venta regulada en la calle. Como etnia minoritaria que son aseguran estar amparados por la Carta Magna española, que protege las iniciativas de generación de trabajo y el empleo sostenible para estos colectivos. Sinaí Giménez, presidente de la asociación gallega del Pueblo Gitano, aseguró ayer que las relaciones con la mayoría de los concellos de la comunidad no presentan excesivas dificultades de funcionamiento. El único caso que será puesto en conocimiento de los abogados para una posible denuncia es el de Redondela, donde las normas municipales están impidiendo la celebración de mercadillos y el acuerdo con los comerciantes resulta inviable. Los problemas en Pontevedra, que provocaron graves tensiones con la administración local el pasado mes de febrero, están ya resueltos. «Sólo queremos trabajar, pero ahora conocemos nuestros derechos y acudiremos a la Justicia cada vez que consideremos que se están vulnerando», afirma Giménez.