Le encontraron 32 gramos de heroína en la cárcel y pueden caerle 9 años y un día de prisión. Hasta el fiscal cree que su petición es desproporcionada pero la ley así lo recoge
12 jul 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El tráfico de drogas en el interior del centro penitenciario de A Lama (Pontevedra) «é unha realidade». Así lo puso ayer de manifiesto uno de los funcionarios de prisiones que declaró en la Audiencia Provincial contra un recluso acusado de comerciar con heroína en el interior de la cárcel. En la celda de Pablo Sousa Santos fueron hallados 32 gramos de heroína. Para el fiscal Benito Montero no cabe duda: el acusado es un camello. A pesar de entender que se trata de una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente, Montero -Código Penal en mano- se vio obligado a solicitar una pena de nueve años y un día de prisión. Hasta el fiscal lo considera desproporcionado. El problema se halla en el hecho de que la ley fija que si la drogas se introducen o difunden «en centros docentes, en centros, establecimientos y unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros asistenciales» se debe imponer una condena superior a los nueve años. Hecha la ley, hecha la trampa. Y si la petición de cárcel es demasiado elevada, el representante del ministerio público no dudó en buscar una alternativa legal que permitiera una rebaja si es que al final sale una sentencia condenatoria. Benito Montero optó por solicitar un indulto parcial al tribunal que juzgaba el caso: «No tiene sentido que Laureano Oubiña fuese condenado a poco más de seis años y medio por un alijo de seis toneladas de hachís, y se impongan en este caso nueve años por apenas unos gramos de heroína», señaló al término de la vista oral de ayer. Minutos antes había argumentado que, en este caso concreto, «podría ocurrir que un simple camello sea condenado a una pena similar a la impuesta a un gran narcotraficante». Si el tribunal accede a la solicitud de la fiscalía, Sousa tendría que cumplir una condena superior a la de cualquier homicidio imprudente. Circunstancia que no tuvo inconveniente en poner de manifiesto Montero ante el tribunal: «Es desproporcionada porque es casi igual a una pena por homicidio», delito castigado con entre diez y quince años de prisión. Se da la circunstancia de que el ministerio público inicialmente pedía diez años de cárcel para el procesado.