El Consello de la Xunta aprobó ayer el decreto que resuelve definitivamente, tras más de una década, la separación del municipio isleño del de Vilanova de Arousa
25 jun 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno gallego puso fin ayer al último proceso de segregación de municipios que permanecía abierto en Galicia. Lo hizo a través de un decreto con el que se soluciona definitivamente la secesión de los concellos pontevedreses de A Illa y Vilanova de Arousa. El Ayuntamiento de A Illa nacía el 1 de enero de 1997 como culminación de un intenso movimiento vecinal de varios años. En un primer momento, los dos municipios acordaron el reparto del material, del personal y de la deuda bancaria. Pero quedó un importante fleco pendiente de resolver: la deuda contraída por el antiguo Concello de Vilanova con empresas y particulares. Diferencias La falta de acuerdo en este punto fue precisamente el motivo de que el proceso disgregador se mantuviese abierto durante todos estos años. Estas diferencias -que en ocasiones se tradujeron en procedimientos judiciales- se cerraron ayer con la aprobación por el Consello de la Xunta de un convenio que regula las obligaciones que deben asumir tanto el Gobierno autonómico como cada uno de los dos municipios. El documento, fruto de las negociaciones mantenidas durante meses por la Consellería de Xustiza y los dos concellos, tiene como fin, por una parte, resolver todos los conflictos jurídicos y, por otra, garantizar que los dos municipios dispongan de la capacidad necesaria para ejercer sus competencias. En el fondo, se trata de un acuerdo eminentemente económico que se articula también en torno a dos principios. Por una parte, la Xunta compromete una serie de inversiones en los dos términos. Por otra, ofrece a las entidades locales créditos a largo plazo y sin intereses para que puedan hacer frente a sus compromisos. En concreto, la Consellería de Economía concederá a Vilanova un préstamo de 1,9 millones de euros, mientras que A Illa recibirá, por este concepto, 371.000 euros. Estas cantidades comenzarán a reembolsarse en el año 2011 y terminarán de pagarse en el 2023. Además, la Diputación de Pontevedra aportará a cada concello un préstamo de 250.000 euros. En el capítulo de inversiones, la Xunta gastará 880.000 euros en la puesta en marcha de un plan de pavimentación en Vilanova. Mientras, en el caso de A Illa, el municipio desea construir un centro sociocultural. Para ello, varios departamentos autonómicos invertirán cerca de 1,25 millones de euros. Por su parte, los concellos renuncian a todas las acciones legales y recursos que han emprendido a lo largo de los últimos años. Precedentes El acuerdo refrendado ayer clausura un divorcio cuyos trámites inició el municipio isleño hace más de una década. El de A Illa y Vilanova era el último proceso de separación territorial que todavía continuaba abierto en Galicia. Previamente fueron los ayuntamientos lucenses de Cervo y Burela los que protagonizaron un episodio similar. En este caso, la separación de los dos municipios se consumó a finales de 1994. Pero también en el proceso lucense la solución final se hizo esperar. El acuerdo entre la Xunta y los concellos no llegó hasta finales del 2002.