Suso Seixo había manifestado que la condena a tres sindicalistas de Lugo fue dictada por el PP El BNG dice que hay una involución en los aparatos del Estado que ha llegado al poder judicial.
09 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Jesús Souto Prieto, presentó ante la fiscalía del alto tribunal una denuncia contra Suso Seixo, secretario general del sindicato nacionalista Confederación Intersindical Galega (CIG), y otros representantes de la organización por las manifestaciones que realizaron tras una sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo que impuso severas penas a tres afiliados por coaccionar a un empresario para que cerrara su local durante la huelga general del 20 de junio del 2002. Al valorar la sentencia, Seixo y sus compañeros calificaron el juicio como un montaje y afirmaron que ésta había sido dictada por la jueza y la fiscal siguiendo los dictados del PP. Acusación grave Para el presidente del TSXG, estas declaraciones suponen que el dirigente de la CIG está acusando a la magistrada de un delito de prevaricación. La gravedad de la imputación es lo que lo ha llevado a denunciar los hechos ante el fiscal jefe en funciones, José Luis Conde. Recibida la denuncia, el fiscal abrió las pertinentes diligencias informativas para determinar si en las polémicas manifestaciones existen indicios de que los dirigentes de la CIG hayan cometido algún tipo de delito. Para ello, ha ordenado que sea el fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús Izaguirre, quien practique la investigación de los hechos, dado que se produjeron en aquella capital. Sin embargo, este mismo fiscal no había tomado ninguna medida ante las manifestaciones de los miembros de la CIG. Sólo afirmó que la sentencia era impecable, que tanto la jueza como la fiscal se habían ajustado al Código Penal y que sacar otras conclusiones no se correspondía con la realidad. Tras conocer la sentencia que condena a los tres miembros de la CIG, el secretario de acción social del BNG, Bieito Lobeira, expresó ayer su solidaridad con el sindicato y consideró que «se trata de un ataque injustificado a los trabajadores y a sus derechos constitucionales». Afirmó que «aquí lo que hay es una creciente involución en distintos aparatos del Estado, que también ha llegado al poder judicial». Añadió que «no podemos quedar paralizados ante ataques graves a los derechos de los trabajadores».