Ancianos de la Residencia da Terceira Idade, varios de ellos incapacitados legalmente?y otros con demencia, fueron «carretados» para participar en las municipales
21 ene 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El Palacio de Justicia de Ourense se convirtió ayer en el escenario de una de las páginas más esperpénticas y ruínes de las que se llevan escrito en la política gallega en los últimos años. Las protagonistas eran dos trabajadoras de la Residencia da Terceira Idade de Bande, y los implicados, varios ancianos del centro que fueron carretados para votar en las municipales. El cuadro no podía ser más dantesco: con un frío aterrador -Ourense se levanta desde hace días con los termómetros bajo cero- varios ancianos de Bande, a 42 kilómetros de la capital, acudían al juzgado para participar como testigos en el juicio por la denuncia del PSOE contra dos trabajadoras de la residencia donde viven, acusadas éstas de llevarlos a votar en las pasadas elecciones. Algunos de los ancianos que fueron llamados a declarar en calidad de testigos no sabían dónde se encontraban ni a qué iban. Una de las mujeres, cercana ya a los noventa años, se vino a Ourense con una muñeca; otra de las personas necesitaba ayuda para desplazarse porque a duras penas se podía mover sin desafiar la lógica de la verticalidad y varios de los citados como testigos venían precedidos de las correspondientes sentencias de incapacidad o los informes médicos de enfermedades de tan triste nombre como la demencia esquizofrénica o el alzheimer. La vista se convirtió en una prueba más de lo que es capaz alguna gente por captar un puñado de votos: alguno de los testigos no pudo declarar, otros fueron rechazados por su estado y una de las personas de la residencia declaraba con alegría infantil que le gustaba mucho votar, que iban todos a hacerlo todos los años, que les daban el sobre y que tenían que ir a votar. Las sonrisas que se dejaron sentir en la sala fueron ahogadas por la llamada al orden de la jueza Ana Blanco Arce. Y es que la presencia de los afectados casi no era necesaria, ya que la propia Guardia Civil -sólo declararon dos de los tres agentes citados por ser innecesario un testimonio más- había rubricado en su día un atestado diciendo que los afectados no tenían orientación espacio-temporal, no respondían a las preguntas que se le formulaban, desconocían lo que fueron a hacer y que no conocían ni a los candidatos ni a los partidos. Poder popular amenazado Los hechos ocurrieron el día de las municipales y las denunciadas -para las que se pide una multa de 900 euros por un delito de coacción electoral- son dos trabajadoras de la residencia, Eva Cristina Troitiña León y Rosa María González González, que ese día -en el que no trabajaban- llevaron a votar a internos de la residencia. El PSOE se refería en su denuncia a 17 votos ejercidos por personas incapacitadas legalmente o con demencia, lo que les impedía ejercer el derecho al voto. El Tribunal Superior ya dio en su día la razón al PSOE, aunque desestimó anular los resultados de la mesa por no incidir en el resultado final. Con todo, Amador de Celis, 20 años de alcalde del PP, sí vio amenazado su poder ya que pasó de contar con 8 ediles -por 2 del BNG y 1 del PSOE- a sólo 6 -por 3 del PSOE y 1 del BNG-.