Aplauden el recurso ante el Constitucional por la reforma en materia de formación continua de los trabajadores El Gobierno central y el gallego buscan controlar unos fondos de 35 millones de euros.
30 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno gallego ha encontrado el apoyo inesperado y unánime de la oposición a su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de reforma de la Fundación para la Formación Continua de los Trabajadores (Forcem) promovida por el Ejecutivo central. Tanto el BNG como el PSOE aplaudieron la medida y mostraron su disposición a respaldar cualquier medida encaminada a defender las competencias de la Xunta y a mejorar la formación de los trabajadores. El primero en tomar partido en favor del recurso fue el portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, quien aseguró que la Xunta tendrá su apoyo «porque xa era hora de que o Goberno galego reaccionara dalgún xeito á política centralizadora de Aznar, despois de perder outras moitas oportunidades nos últimos anos». En opinión de Quintana, el recurso ante el Constitucional supone un cambio de tendencia en la trayectoria de los mandatos de Fraga, caracterizados, según el dirigente nacionalista, por haber descuidado su misión de «defende-las competencias do Goberno autónomo». Competencias vulneradas Poco después de que se produjera la reacción de Quintana, el PSOE tomó también partido en el conflicto, expresando su apoyo al Ejecutivo gallego. En esta ocasión fue el portavoz de Empleo de la formación, Ricardo Varela, el encargado de señalar que los socialistas «valoran positivamente el acuerdo del Consello de la Xunta», al considerar que la reforma proyectada por el Gobierno central vulnera las competencias en materia de formación continua de los trabajadores, en principio asumidas por las comunidades. Esta unanimidad de las formaciones políticas gallegas refuerza la tesis de la Xunta según la cual las competencias en esta cuestión corresponden a los Gobiernos autónomos. Sin embargo, la reforma proyectada el pasado verano por el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, reconoce a la Administración central el derecho casi exclusivo de gestionar los fondos del Forcem. Esta discrepancia culminó el viernes de la pasada semana, cuando el Consello de la Xunta autorizó a los servicios jurídicos para que presentaran ante el Tribunal Constitucional un recurso que supone el primer enfrentamiento del Gobierno gallego con el Ejecutivo de Aznar, pese a la buena sintonía entre Madrid y Santiago. Así las cosas, será la Justicia la que determine a quién le corresponde el derecho de gestionar los recursos destinados al funcionamiento del Forcem. Sin embargo, el socialista Ricardo Varela hizo ayer un llamamiento a las dos partes para pactar una solución y reclamó al presidente autonómico, Manuel Fraga, que desbloquee «urgente y directamente» el diálogo con el Gobierno de Aznar.