La sala de los contencioso de Vigo desestima el recurso de una de las afectadas La orden de Pesca dejó a un centenar de mujeres de A Illa sin el permiso para trabajar en las playas
11 ago 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?l decreto 425/1993, que establece la incompatibilidad del marisqueo a pie con la titularidad de una concesión administrativa -caso de las bateas- dio mucho que hablar en su día y aún sigue coleando. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Vigo ha desestimado el recurso de una de las mujeres afectadas que reivindicaba su derecho a renovar el permiso de marisqueo. El tribunal considera que la denegación del permiso de explotación (pérmex) acordada por la Xunta se ajusta a derecho, lo que representa el primer espaldarazo que recibe judicialmente este polémico decreto.? De hecho, el mismo juzgado de Vigo había dictaminado a principios de año dejar en suspenso esta orden de Pesca en virtud de otros recursos presentados por un grupo de afectadas. Aquella resolución les permitió retomar su actividad en las playas después de varios meses e, incluso, cobrar las ayudas del Prestige . A esta sentencia podrían sumarse otras en las próximas semanas, dado que una quincena de mariscadoras en la misma situación que la recurrente siguieron también el camino de los tribunales en su intento de que se les renovara el permiso de marisqueo que les negó Pesca a principios del año 2002. A Illa de Arousa fue la población más afectada por la entrada en vigor del decreto 425/93 -hubo un centenar de mujeres perjudicadas-, de ahí que se focalizaran en esta localidad las protestas contra la consellería. Hasta enero del 2002 nunca se habían planteado problemas por el hecho de que una mariscadora figurase como titular de una batea junto con su marido o individualmente. La orden de Pesca establece que ambas actividades son incompatibles, de modo que las mujeres se encontraron en la tesitura de elegir. Una parte optó por renunciar a sus derechos sobre las bateas o por crear una sociedad limitada; otras siguieron los consejos de Pesca e hicieron la separación de bienes ante notario. Pero una veintena no cedió y siguió la batalla por la vía judicial. Toda esta situación vivida en A Illa durante el primer semestre del 2002 provocó conflictos internos, derivando en enfrentamientos en las playas entre las propias mariscadoras y amagos de dimisión en el seno de la agrupación. La Confederación Intersindical Galega cogió las riendas del caso y llevó la polémica al Parlamento gallego. BNG y PSOE presentaron sendas iniciativas pidiendo la anulación o la corrección del decreto alegando que es «discriminatorio» e «injusto» con las mujeres.