La letrada, de 22 años, no sabía que también figuraba en la lista de objetivos preparada por su cliente.
21 feb 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Más difícil todavía. El complot criminal que supuestamente organizó desde la cárcel de Soto del Real el abogado Pablo Vioque incluía en la lista de sus objetivos, además de al teniente fiscal antidroga, a los Piturros y al abogado madrileño Jesús Muiños Tenreiro, a la letrada de su despacho María Ángeles Samaniego Montero, que, paradójicamente, figura en la relación de imputados como supuesta cómplice. Esta es una de las novedades de la trama mafiosa descubierta a finales de diciembre del año pasado por la Guardia Civil en Madrid, que se hizo pública ayer una vez que el juez instructor del caso levantó el secreto sumarial que pesaba sobre las actuaciones. Funcionarios imputados Otra de las novedades desveladas ayer por la nota informativa difundida por la Guardia Civil es la imputación de dos funcionarios de la prisión de Soto del Real. Según fuentes conocedoras de la investigación, la imputación de estos funcionarios vendría motivada por el hecho de permitir que Pablo Vioque hiciese llamadas telefónicas desde el interior del centro penitenciario y a horas intempestivas. Como esos teléfonos estaban intervenidos por orden judicial, los investigadores pudieron constatar que las llamadas al exterior estaban relacionadas con la trama criminal. De momento, no está confirmado que los funcionarios estuvieran al corriente del contenido de las conversaciones, por lo que no llegaron a ser detenidos. Hasta la fecha, la dirección de Instituciones Penitenciarias no ha recibido comunicación alguna del juzgado, por lo que los dos funcionarios bajo sospecha no han sido apartados del servicio ni suspendidos de empleo y sueldo. Por las mismas razones tampoco ha sido detenida la letrada Samaniego Montero, que en su declaración como imputada habría admitido haber actuado como correo entre un familiar de Vioque y el jefe de los sicarios para entregarle unos 2.000 euros para la compra de armas de fuego. El coste de los crímenes La versión oficial de los hechos también matiza algunos detalles como el precio de los crímenes, que sería de 50.000 dólares por el asesinato del fiscal Javier Zaragoza, y de 100.000 euros más por acabar con los Piturros, que declararon contra Pablo Vioque como arrepentidos, y de los dos abogados que le habrían dicho no a alguna de sus demandas.