El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha decidido remitir las diligencias abiertas en el caso, que motivó la suspensión cautelar de García Malvar, al Consejo General del Poder Judicial por si pudiera apreciarse algún tipo de responsabilidad disciplinaria en la actuación de los jueces que tuvieron relación con el citado proceso judicial y que hayan sido titulares del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, órgano jurisdiccional que instruyó el procedimiento penal desde el año 1987 hasta la actualidad. A lo largo de estos 15 años, por lo menos fueron cuatro los jueces que tuvieron intervención en el asunto. Si se hace caso a la investigación abierta por la Inspección Fiscal hasta el año 1995, no se observan irregularidades importantes en el proceso, a pesar de que durante esos siete años las diligencias apenas avanzaron. Fue a partir del citado año 1995, fecha en la que Banesto se apartó de la querella que había interpuesto, cuando las diligencias se convierten en procedimiento abreviado. Poco antes, el juez acuerda tener por desistidos también a los acusadores personados en nombre de los perjudicados. Ante el recurso de éstos, revoca su decisión anterior «de manera -dice el inspector- sorprendente». Este mismo juez, Míguez Poza, dicta dos años después un auto acordando el sobreseimiento de la causa. Cuatro días después de esta decisión, la fiscal encargada del asunto interpone recurso ante la Audiencia y es apoyada por García Malvar. El juez todavía sigue al frente del juzgado.