A no ser que surjan nuevas vías de investigación derivadas del interrogatorio de los nuevos imputados, el sumario será remitido a la Audiencia de Pontevedra el próximo mes de septiembre y, una vez que ésta resuelva los recursos que se puedan presentar y dé traslado a las partes para que califiquen, señalar la fecha de la vista oral. La Vista oral, en ningún caso, se podrá celebrar dentro de este año. Es previsible que no se sienten en el banquillo los diecisiete imputados. Una parte de ellos puede que sigan en la causa como meros testigos. Para la mayoría de los que sigan como imputados de la acusación, salvo sorpresas de última hora, se formulará sólo por los presuntos delitos de contrabando. Algunos, concretamente Barral Martínez y los funcionarios, pueden ser acusados también de un delito de cohecho por el presunto soborno de funcionarios públicos. Las penas de cárcel que pueden ser impuestas a los que resulten condenados son benignas, ya que en ningún caso podrán pasar de los tres años de cárcel por el delito de contrabando y de tres a seis meses de multa por el de cohecho. En este tipo de delitos suele ser más dolorosa la sanción económica, que es difícilmente eludible cuando los condenados cuentan con patrimonio conocido. Éste podría ser el caso de José Ramón Barral. Personas que conocen al ex-alcalde de Ribadumia y empresario apuntaron que ya se ha hecho a la idea de que este asunto le podría costar millones de euros.