Tras seis meses de diálogo, el acuerdo sobre financiación autonómica llega a su fin y, como en toda negociación que se precie, los plazos se apuraron hasta el final. Hacienda propone el año 1999 como base para la contabilidad y el censo, y su propuesta es que la población pondere en un 94% en el nuevo sistema; la superficie, en un 4,2%; la dispersión, en 1,2%; y la insularidad, en un 0,6%. Modificar el peso de estas variables, en función de la importancia que tengan en cada una de las comunidades, y subir los 300.000 millones adicionales que el Gobierno ofrece, eran las bazas que jugaban ayer los presidentes y consejeros autonómicos. Para Galicia, elevar la ponderación del criterio de dispersión geográfica sería importante, pero es cierto que hay fórmulas, en base a criterios de correción, que pueden permitir que la comunidad no pierda, respecto a otras. El modelo tiene, además, un fondo de suficiencia para proporcionar a las autonomías partidas adicionales en el caso de que los gastos superen a los ingreso. El PP destacó, en todo momento, que está «garantizado» el beneficio para todas las comunidades.