La Xunta aprueba un proyecto legislativo orientado a evitar abusos en el alquiler o compra de inmuebles en proyecto o sin finalizar El proyecto de legislación autonómica en materia de vivienda ya cuenta con el visto bueno de la Xunta previo al debate definitivo en el Parlamento. El Ejecutivo gallego ha elaborado un texto inicial con el que quiere defender los derechos de los usuarios en la compra y en el alquiler de inmuebles. La Lei da Vivenda presta, en este sentido, especial atención a los abusos en la adquisición de inmuebles en proyecto o en construcción y al estado de habitabilidad de los pisos que se ofertan en alquiler. El constructor deberá respetar al máximo el proyecto de obra y el promotor entregará al cliente un libro del edificio con todos los datos del inmueble.
07 jun 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Comprar o alquilar un inmueble en Galicia dejarán de ser para el usuario operaciones de riesgo con la Lei da Vivenda, un ordenamiento que la Xunta ha concebido como herramienta para evitar abusos por parte de constructores y promotores. Así, la normativa regula en profundidad la venta de inmuebles en proyecto o en construcción, que es la modalidad contractual en la que el usuario está más desprotegido y que origina, de hecho, la mayor parte de las quejas. El constructor estará obligado a ajustarse al proyecto de obra. Las modificaciones sobre el mismo no podrán implicar la supresión de servicios, imposición de nuevas cargas, alteración de la distribución de espacios o creación de otros nuevos, o constitución de ámbitos de comunidad no previstos. Devolución de anticipos La legislación también cubre las espaldas del ciudadano cuando obliga al promotor a formalizar, antes de que comiencen las ventas, la apertura de una cuenta bancaria especial en la que deberá depositar tanto las cantidades que, en su caso, reciba del comprador en concepto de anticipo sobre el precio total como el sistema de garantía de su devolución. Además, el ordenamiento dedica 25 de sus 65 artículos a determinar las condiciones a las que deberá ajustarse la publicidad en la oferta de venta de inmuebles y la información que habrá que suministrar a las personas interesadas en su compra o alquiler.