El PP propone en su modelo de financiación unos fondos de solidaridad para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un mismo nivel de servicios, al margen de la comunidad donde residan. La clave de este capítulo estriba en los criterios de reparto, entre los que se apuesta por conjugar la atención al número de habitantes -tesis defendida por el presidente valenciano, Eduardo Zaplana- con el índice de dispersión de la población, como demandaba Fraga. Los conservadores han optado al final por anclar los mecanismos para la solidaridad del nuevo sistema en los cuatro criterios de reparto que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca): población, extensión territorial, dispersión e insularidad. Además, el PP aboga por reforzar el Consejo de Política Fiscal y Financiera como escenario para coordinar las normativas autonómicas en materia fiscal. Una medida orientada a preservar la lealtad entre los diferentes niveles de gobierno.